Los centros de mayores y de discapacitados de Murcia cobrarán tres millones de euros para compensar los gastos de la pandemia

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ultima los decretos para regular la concesión directa de subvenciones para compensar los gastos extraordinarios por la pandemia en las residencias de mayores y discapacidad, así como en los centros de atención temprana.

Los decretos se formalizarán esta primera semana de septiembre, de la mano de las entidades, para que quede regulada esta concesión directa de subvenciones destinada a afrontar los gastos extraordinarios que ha generado y está generando la pandemia.

Se trata de un compromiso adquirido por el Ejecutivo autonómico en la tramitación de los presupuestos regionales. El montante que se contempla es de tres millones de euros, en concreto, 1,8 millones para las entidades que gestionan los centros residenciales de personas mayores y 1,2 millones en el caso de entidades locales gestoras de centros de atención temprana y centros de atención a personas discapacidad.

Estas ayudas vienen a sumarse a otras, también con carácter excepcional, que se han transferido a las residencias desde que comenzó la pandemia.

De esta forma, estos decretos forman parte de las distintas medidas que se han ido adoptando para prevenir y controlar la pandemia en todos los sectores, entre ellos, en los centros residenciales de personas mayores, colectivo especialmente vulnerable en esta situación de emergencia sanitaria, al igual que ocurre con los centros en los que las entidades dan asistencia a las personas con discapacidad.

Los decretos, impulsados por las direcciones generales de Personas Mayores y de Discapacidad del IMAS, dependientes de la Consejería de Política Social, ya han sido consensuados con las propias entidades que gestionan las residencias, que serán citadas de nuevo en la primera semana de septiembre para ultimar los detalles pertinentes y proceder así posteriormente a su formalización.

La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, afirma que “somos conscientes del esfuerzo que realizan las entidades que gestionan estos centros y, con el objeto de limitar los efectos que las medidas aludidas puedan tener, se pretende con estos decretos dotarlas de un apoyo económico, que aunque no cubra la totalidad de los gastos extraordinarios realizados a consecuencia directa de la crisis sanitaria, sí que pueda compensar al menos una parte”.

Por todo ello, añade, “entendiendo que existen razones de interés público, social y humanitario, la Consejería de Política Social ha decidido impulsar esta medida como apoyo económico para hacer frente a los gastos extraordinarios realizados durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19 a lo largo del 2020 y este 2021”.

Para garantizar la seguridad de las personas usuarias de centros residenciales han sido precisas medidas extraordinarias que han supuesto un aumento significativo de los gastos ordinarios en estos centros.

Todos ellos “fruto del cumplimiento de obligaciones relativas a la implantación de medidas de seguridad, equipos de protección individual, desinfección e higienización de equipos e instalaciones, adquisición de material sanitario o refuerzo de personal”.

Esta modalidad de subvenciones tiene un carácter excepcional y temporal, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas complementarias que se puedan adoptar, si la evolución de la situación así lo aconseja.

Serán beneficiarias de estas subvenciones, en los términos establecidos en cada decreto, las entidades que gestionan los centros residenciales de atención a personas mayores y personas con discapacidad, así como los centros de atención temprana.

Entre los gastos subvencionables figura la contratación extraordinaria de personas trabajadoras de refuerzo o para cubrir las contingencias derivadas de la pandemia en la residencia, la adquisición de material de protección y prevención sanitario destinado a las personas trabajadoras y personas usuarias de los centros residenciales, así como otros gastos destinados a su protección.

También se incluye la realización de labores de desinfección e higienización de los equipos e instalaciones en respuesta a la situación de crisis sanitaria, y la adquisición de materiales y productos para su utilización en acciones de desinfección.