El 80 por ciento de los técnicos sociales de Atención Primaria se ha sentido desbordado durante la pandemia

Un informe del Colegio Oficial de Trabajo Social refleja que el 80 por ciento de los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria se han sentido desbordados, “con una tensión al límite, y sumergidos en procesos eternos” durante la crisis de la Covid-19.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social, Juan Carrión, durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Política Social en la Asamblea Regional.

Carrión ha recordado que durante la pandemia han aumentado de forma generalizada la demanda, las esperas y de las ayudas de urgencia. Sobre las citas sanitarias, el presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social ha detallado que la espera oscila entre las dos semanas y los dos meses en el 50 por ciento de los casos estudiados. Esta situación, según Carrión, “nos identifica ya un camino hacia una mejora necesaria”.

Por otro lado, la pandemia provocó una adopción generalizada del teletrabajo. Eso ha supuesto una brecha tecnológica para el 74 por ciento de los profesionales encuestados.

La mayoría de ellos advierte de que la brecha digital está en el acceso al SEF, al SEPE o la Seguridad Social, mientras que un 65 por ciento considera que el verdadero problema radica en la brecha digital de los usuarios.

Además, para un 40 por ciento de los profesionales existe un problema en la falta de medios corporativos, así como el acceso de los usuarios a los propios recursos, ha expuesto Carrión durante su comparecencia.

Él, además, ha aludido al hecho de que un 56 por ciento de los profesionales exige un refuerzo de personal, un 48 por ciento aboga por el aumento de espacios con menor burocracia y más agilidad en los trámites. A pesar de las demandas, un 90 por ciento de los encuestados se siente satisfecho con la actuación de la Concejalía y el resto de organismos, valorándolo con una media de 7 sobre 10.

Con respecto a la valoración de la Consejería y del IMAS, un 76,47 por ciento de los sanitarios considera que es urgente adaptar la renta básica al ingreso mínimo vital y sobre todo mejorar la coordinación para evitar las dificultades de su implementación.

Según el presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social, “lo que se propone es garantizar a los empleados un directorio actualizado que garantice la mejor coordinación y trabajar de forma directa con los profesionales implicados”.

Para el 57 por ciento de la ciudadanía el comportamiento de los organismos “no es todo lo bueno que debería”. De ahí que Carrión haya incidido en que “es necesario cambiar, realizando estudios que nos permitan modificar esa percepción”.

En el informe también se recogen propuestas como el refuerzo de las plantillas para disminuir el tiempo de espera y tener una ratio más cercano a los 3000 habitantes por trabajador.

Otra de las exigencias es la necesidad de simplificar la tramitación administrativa y la supresión de las tasas tanto de discapacidad como de dependencia, y acabar con la brecha digital que ha supuesto un reto para los profesionales.

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Toñi Abenza ha remarcado la diferencia positiva, de la valoración de los sanitarios de los ayuntamientos con respecto a la de la Consejería y el IMAS, ya que las concejalías de Servicios Sociales puntúan con un 7 sobre 10 la atención, mientras que los de la Consejería puntúan 5,5 sobre 10.

La parlamentaria ha dicho que se sigue pidiendo “nuestra propuesta sobre la Renta Básica de Inserción para complementar el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España” y ha añadido que “el Gobierno regional sigue secuestrándola en la Asamblea para que no se hable de que se ha recortado en 2020 en casi 2 millones de euros, y se ha congelado este año”.

La portavoz del grupo parlamentario Mixto, María Marín, considera que el informe viene a “enmendar las reformas reales que aún faltan el último proyecto de ley”. A su juicio, “aunque la última ley de Servicios Sociales tiene mejoras sigue sin ser esa ley moderna, esa ley que ya tienen otras comunidades autónomas”.

Por parte del Grupo Parlamentario Vox, José Carrera se ha mostrado de acuerdo con las necesidades expuestas por Carrión, pero ha planteado la necesidad de realizar autocrítica en todos los sentidos para seguir mejorando.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha asegurado que su grupo apuesta “rotundamente por el reforzamiento de la atención primaria y pone de manifiesto la regulación pormenorizada de las funciones a desempeñar por este sector.

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular, María del Carmen Pelegrín, se ha referido durante su intervención a la Renta Básica de Inserción. En ese sentido, ha advertido que no es cierto que haya descendido el presupuesto y se ha mostrado de acuerdo en hacer lo posible por que funcione el plan de inclusión.