Los consumidores de Murcia denuncian la “falta de interés” del Gobierno para frenar las dificultades de acceso a servicios bancarios

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, ha puesto de manifiesto su “decepción” por “la falta de interés del Gobierno” para tomar medidas que frenen las dificultades de acceso a los servicios bancarios, especialmente por parte de colectivos como las personas mayores y con discapacidad, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

El 21 de abril de 2021, CONSUMUR remitió un escrito al ministro de Consumo, Alberto Garzón, en el que le trasladó su preocupación por esta problemática y solicitó que se establecieran medidas para que todas las personas puedan acceder a estos servicios. A día de hoy, la organización no ha recibido ninguna respuesta.

Así, desde la asociación han puesto de relieve que ha sido necesaria la puesta en marcha de la campaña en change.org‘Soy mayor pero no idiota’, promovida por Carlos San Juan, un jubilado valenciano que manifiesta sentirse olvidado por los bancos, y la repercusión de la misma, para que la ministra Nadia Calviño “se comprometa públicamente a poner en marcha a finales de este mes un plan específico para humanizar más a los bancos”.

CONSUMUR, que se ha sumado a la campaña firmando la petición, espera que efectivamente así sea, aunque ha cuestionado que esta sea “una respuesta real al problema”.

En el escrito remitido a Garzón, la organización ponía de manifiesto las consecuencias de la fusión de entidades bancarias, como son el cierre de oficinas, “generando un agravamiento de las restricciones que caracterizan a los bancos en los últimos años, entre las que ha destacado la limitación de los horarios de atención presencial y la derivación a los cajeros automáticos o a la banca online”.

Estas dificultades de acceso están provocando, según CONSUMUR, “un aumento considerable de consumidores en situación de exclusión financiera”.

Por otro lado, pidió en su escrito que se diera cumplimiento al Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, cuyo objetivo es dar respuesta al artículo 51.1 de la Constitución, que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

En este sentido, su artículo primero establece que tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.

Así mismo, se indica que los poderes públicos promocionarán políticas y actuaciones tendentes a garantizar sus derechos en condiciones de igualdad, con arreglo a la concreta situación de vulnerabilidad en la que se encuentren, tratando de evitar, en cualquier caso, trámites que puedan dificultar el ejercicio de los mismos.

CONSUMUR ha expresado su apoyo a los procesos de modernización en la prestación de los servicios, pero ha insistido en que “en ningún caso los mismos deben de ser excluyentes, sino tender a una tecnología inclusiva y segura”. Igualmente, ha defendido que éstos sean complementarios a una atención presencial, necesaria especialmente para determinados colectivos vulnerables, como las personas mayores y personas con discapacidad, entre otros.