El Congreso respalda la toma en consideración de la ILP para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con los votos a favor de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Grupo Plural y el rechazo de Vox, la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reconocer la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y su cuenca.

El visto bueno de la Cámara baja permite que la propuesta, que fue respaldada por 639.826 ciudadanos y presentada el pasado 15 de marzo por una de sus promotoras, la profesora de la Universidad de Murcia Teresa Vicente, en la Comisión de Transición Ecológica, inicie su tramitación parlamentaria como ley.

Postura de los partidos

El debate ha estado protagonizado por los diputados murcianos de la Cámara baja. En este sentido, el diputado de Vox, Luis Gestoso, ha acusado a los partidos y promotores que apoyan la ILP de la laguna salada de querer “crear un ‘soviet’ en el mar Menor dirigido por la extrema izquierda” y que esta iniciativa es “un atentado bolchevique a la Constitución, la Administración y la Justicia”.

Gestoso ha aportado otras soluciones como abrir las golas, depurar las aguas procedentes de los municipios, crear una franja de filtros verdes, un plan de salmuera cero para los agricultores o el desvío de ramblas al Mediterráneo “soluciones fáciles, baratas y eficaces” en contra del “chiringuito de extrema izquierda que se aprovecha de la buena voluntad de la gente”.

Su propuesta ha sido rebatida por el diputado del PSOE, Juan Luis Soto Burillo, que ha acusado a Vox de que “ellos son la verdadera amenaza del mar Menor”, a la vez que ha culpado a los “gobiernos populares” en España y la Región de Murcia del estado de la laguna como “el ejemplo del fracaso de sus políticas”, a la vez que ha prometido que “aprobaremos un buen texto” para crear “una buena ley” para este entorno natural.

Otro de los diputados murcianos, en este caso Javier Sánchez Serna de Unidas Podemos, ha acusado a Gestoso y su grupo parlamentario de ser “los mayordomos de los terratenientes del campo de Cartagena” a la vez que ha aseverado que detrás de la ILP “hay un pueblo que se ha rebelado contra los enemigos de su patrimonio natural y cultura”.

Desde las filas del PP, el diputado Juan Luis Pedreño ha respaldado esta iniciativa “desde el apoyo inicial del presidente Fernando López Miras y durante la tramitación de esta ILP, el PP no va a utilizar el Mar Menor como vehículo para desgastar a otros grupos” a lo que ha añadido que “pedimos es un consenso unánime para la recuperación de la laguna”.

El diputado ‘popular’ ha apuntado que “estamos ante un reto legislativo sin precedentes en España y en Europa como es dotar de personalidad jurídica a un ecosistema”, por lo que ha solicitado “afrontarlo con seriedad y rigor”.

Por su parte, el diputado del Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas, ha invitado a Vox a que “no se quede en el inmovilismo” y que, si de verdad quieren ayudar a este ecosistema “aporten y dejen de destruir”. Con esta figura jurídica, la laguna salada tendrá “un instrumento de gobernanza autónoma y pueda activar mecanismos que la defiendan jurídicamente”, ha señalado el diputado ‘naranja’.

Finalmente, desde el Grupo Parlamentario Plural, Inés Sabanés ha manifestado su voto a favor de la ILP que ha costatado que es el “ejemplo del fracaso de las normas de regulación anteriores” sobre el mar Menor y se ha alegrado que con la ley que salga será una verdadera “protección jurídica” para este ecosistema y su entorno.

La ILP

El documento elevado por la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia Teresa Vicente parte de un estudio de la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia (UMU) y cuenta con el apoyo de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, en la que participan Amnistía Internacional y Ecologistas en Acción.

Se ha basado en las experiencias de países de América y Oceanía en los que se ha dotado a ríos o lagos con ese reconocimiento legal, que pretende servir de herramienta para la protección “eficaz” de importantes ecosistemas de gran valor ecológico que “se encuentran amenazados por el modelo actual de producción y consumo”.

El objetivo de esta iniciativa es que el Mar Menor “tenga una carta de derechos que respete su ley ecológica y garantice sus legítimos derechos a vivir, a reparar el daño y a recuperarse”. Además, servirá para “perseguir y sancionar a aquellas personas, empresas o entidades que agredan al ecosistema”.