La Región de Murcia presentará un recurso contra el Plan del Tajo para impedir “la consumación de este disparate”

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Hidrológico del Tajo “para impedir la plena consumación de este disparate”, según han informado fuentes de la Administración autonómica en un comunicado.

Así lo ha comunicado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras la reunión del Consejo Asesor Regional del Agua.

El consejero ha asegurado que la decisión del incremento de los caudales ecológicos del Tajo “no está fundado en otros argumentos que los políticos, ya que desde el punto de vista técnico y medioambiental no tiene justificación alguna”.

Al respecto, Luengo ha comentado que “el Plan Hidrológico del Tajo es, como veníamos anunciando, uno de los atentados de mayor alcance de cuantos se han perpetrado contra el Trasvase Tajo-Segura”, y ha aseverado que esta decisión supone, “un paso determinante hacia su desmantelamiento y contra el desarrollo de la Región de Murcia y de su sector agrícola”.

Por este motivo, el consejero ha dicho que el Gobierno regional ha activado “los mecanismos precisos para presentar en tiempo y forma ese recurso contencioso-administrativo”.

Luengo ha recordado que el Ejecutivo regional “dio la voz de alarma, hace cuatro años, sobre la intención de Pedro Sánchez de eliminar el Trasvase y ha puesto sobre la mesa todos los medios a su alcance para evitarlo, pero también advertimos de que era un plan bien urdido, en el que se han ido dando todos los pasos precisos para llegar a este punto, y se seguirán dando si no logramos impedirlo”.

De este modo, el consejero ha afirmado que las consecuencias de la reducción de los caudales trasvasables “mediante las argucias insostenibles contenidas en el Plan del Tajo, representa para toda la Región, y no sólo para los regantes, una catástrofe desde un punto de vista social, económico y ambiental”,

Además, ha hecho hincapié que “todos los planes de cuenca de España se han flexibilizado, excepto el del Tajo”, y ha señalado que el presidente López Miras envió el pasado 27 de abril una carta a la ministra Ribera, y poco antes al presidente del Gobierno, solicitando la revisión de los caudales ecológicos por un organismo público que determinara nuevamente las cifras, sin respuesta”.

El nuevo Plan Hidrológico del Tajo supone una disminución en los envíos del Tajo al Segura de 105 hectómetros cúbicos anuales y, como consecuencia, han valorado desde el Gobierno regional, se prevé la desaparición de 12.000 hectáreas de cultivos de regadío, 8.000 empleos y 122 millones de euros en valor de producción, según datos de la propia Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los caudales recortados serían sustituidos, “según proyecta el Gobierno de la nación, por aguas procedentes fundamentalmente de la desalación, con el sobrecoste que conllevaría, aparejado al incremento en las emisiones de dióxido de carbono”, ha precisado Luengo.

El consejero ha puesto de relieve que la actividad agrícola de todo el Levante, que se verá afectada por el cambio de reglas del Trasvase, “aporta en la actualidad más de 3.000 millones de euros al PIB”, quien ha contabilizado que, “más de 100.000 empleos dependen del agua de esta infraestructura y, gracias al trasvase, la Región de Murcia, Alicante y Almería producen alrededor del 70 por ciento de la exportación nacional de hortalizas y un 29 por ciento de la de frutas, utilizando solo un tres por ciento del agua de regadío de España”.

En este sentido, el titular de Agua ha incidido que “el Gobierno regional va a seguir defendiendo, como ha hecho siempre, los intereses de la Región de Murcia”, a la vez que Luengo ha lanzado, un mensaje en pro de “la unidad de todos los habitantes de la Comunidad, agricultores y regantes, en la defensa de aquello que es necesario y justo y que tenemos derecho a recibir como el resto de españoles, porque no podemos consentir que el Gobierno de España siga recortándonos las oportunidades de desarrollo y crecimiento”.

El consejero ha hecho estas declaraciones durante la celebración del Consejo Asesor Regional del Agua, órgano que fue informado en su reunión del Programa de control y mejora de las redes de aguas pluviales, de saneamiento y Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales para dar cobertura a las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor.

El objetivo general del Programa es establecer las condiciones para la reducción de aportes contaminantes al Mar Menor mediante la correcta gestión de las aguas pluviales y residuales, y como instrumento para alcanzar el objetivo general, el programa establece varios subprogramas: Infraestructuras de gestión de pluviales (implementación de redes de pluviales separativas; tanques ambientales; redes unitarias; sistemas urbanos de drenaje sostenible; y regularización y control de los vertidos de aguas pluviales canalizadas procedentes del drenaje urbano).

Infraestructuras de conducción de aguas residuales (conexión de núcleos de población aislados; y renovación de redes).

Así como, las infraestructuras de depuración de aguas residuales (ampliación y mejora de tratamientos en las estaciones depuradoras existentes; y construcción de nuevas estaciones).

Además de la eliminación de aguas parásitas (inspección de redes; y eliminación de infiltración de aguas freáticas).

El programa establece a la hora de determinar la prioridad de las inversiones necesarias para su desarrollo cuatro parámetros: eficacia de la inversión; afección directa al Mar Menor; frecuencia de aparición de la problemática; y características del agua objeto de tratamiento.

Según la valoración realizada para los criterios de priorización establecidos, de las actuaciones definidas en los cuatro subprogramas citados, 91 se sitúan en el nivel de Prioridad 1, totalizando un importe de casi 144 millones de euros (143.959.126 euros).

En tanto, 65 actuaciones se sitúan en el nivel de Prioridad 2, totalizando un importe de algo más de 91 millones de euros (91.227.135 euros), lo que representa una inversión total que asciende a más de 235 millones de euros (235.186.262).