El Gobierno central llevará al Tribunal Constitucional la ley del Mar Menor de la Región de Murcia

El Consejo de Ministros ha acordado este martes solicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de un Real Decreto Ley de la Región de Murcia sobre la protección del Mar Menor al considerar que esta norma “reduce y limita” dicha protección.

En concreto, el Consejo de Ministros ha hecho referencia a dos preceptos del Real Decreto Ley 5/2021 del 27 de agosto de Recuperación y Protección del Mar Menor. “La Región de Murcia condiciona la restitución de las explotaciones de regadío ilegales a su estado natural a que exista una actuación administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Segura de prohibición y sanción”, recoge el Gobierno en las referencias publicadas tras el Consejo.

Para justificar dicho recurso, el Ejecutivo alega que la normativa autonómica “no solo dificulta la restitución de terrenos ilegales al exigir una actuación concreta del Estado”, sino que también hace “dejación de sus responsabilidades y competencias en los ámbitos agrario y ambiental, pues desiste injustificadamente de actuar de oficio en muchos otros supuestos de ilegalidad en los que las explotaciones se asientan en suelos forestales, de secano o protegidos, entre otros motivos”, expone.

En este sentido, el Gobierno se acoge al artículo 33.5 de la ley que establece que si hay una explotación de regadío que es ilegal por tener la condición de monte, la Ley establece que la Comunidad es competente para ordenar la restitución del cultivo a su estado anterior.

Sin embargo, para hacer efectiva esa restitución se exige (artículo 33.1, impugnado) una actuación previa de la Administración del Estado (Resolución de la Confederación Hidrográfica), cuando las competencias involucradas “son únicamente autonómicas y nada tienen que ver con el Estado”.

Según el Ejecutivo, el diseño que realiza la normativa murciana y que impugna el Estado “dificulta, reduce y dilata” los procesos autonómicos de restitución de los terrenos a su estado natural y, en consecuencia, “no actúa con la suficiente diligencia contra las explotaciones ilegales”, con el consiguiente impacto negativo sobre el Mar Menor.

Así, Moncloa ha adoptado la determinación de presentar este recurso para “asegurar y blindar” la protección del Mar Menor, dejando en manos del Tribunal Constitucional la valoración sobre la inconstitucionalidad de la norma y los términos en que deben interpretarse las cuestiones objeto de la discrepancia.

No obstante, el Ejecutivo central ha asegurado que mantendrá abierto el diálogo y la cooperación con la Región de Murcia en esta cuestión “y en el resto de actuaciones para su protección ambiental”.