Doce municipios de la Región de Murcia están afectados por el problema de la despoblación

Un estudio del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CESRM) distingue como rurales a 20 municipios de la Comunidad, de los que una docena presentan “mayor grado de ruralidad” y están afectados por la despoblación, entre los que se encuentran Bullas, Lorca, Calasparra, Campos del Río, Moratalla, Aledo y Ulea; 13 son considerados intermedios y doce urbanos.

Las conclusiones del estudio, titulado ‘Las zonas rurales en la Región de Murcia’, se han dado a conocer este viernes en el marco de unas jornadas organizadas en el Museo del Vino de Bullas por el Consejo y la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM).

Para la clasificación, los investigadores han tenido en cuenta cuatro variables: la población residente en celdas rurales, la cobertura agraria y forestal de la superficie del municipio, el índice de envejecimiento y la accesibilidad a los servicios hospitalarios.

Entre los resultados del análisis destaca la existencia de territorios rurales con “una constante pérdida de población y un retroceso en las tasas de crecimiento vegetativo”, al registrar “un alto nivel de envejecimiento de su población”.

Además, el estudio del mercado laboral de los municipios rurales muestra una similar evolución de los principales indicadores laborales --empleo, paro y participación femenina, entre otros--, que permite la existencia de mayores desequilibrios laborales en estos espacios, relacionados con una menor tasa de actividad y más desempleo.

Esto, según se desprende del informe, retroalimenta la salida de población en edad de trabajar, con un ciclo que conduce a una elevación de la tasa de envejecimiento.

Pese a que la agricultura es una actividad de gran importancia en las zonas rurales, el análisis apoya la hipótesis de que la actividad económica no se sustenta en exclusiva en lo agrario, siendo la economía rural mucho más variada y compleja.

Por su parte, el nivel de renta de la población de los municipios rurales es inferior a la media regional, y con mayor presencia de personas en riesgo de pobreza y exclusión frente al conjunto de la Región de Murcia.

Los autores del estudio han considerado “imprescindible” mejorar la coordinación vertical de las políticas públicas desarrolladas desde distintas administraciones europeas, nacionales, autonómicas o locales, pero también horizontalmente entre consejerías o ministerios con actuaciones en distintos ámbitos, y mediante el fortalecimiento de mancomunidades de servicios, por ejemplo.

El estudio se ha presentado este viernes en un acto presidido por la presidenta de la FMRM y alcaldesa de Bullas, María Dolores Muñoz, y el presidente del CESRM, José Antonio Cobacho. En él han participado autoridades de las tres administraciones --local, regional y estatal--, técnicos y representantes de entidades y organizaciones municipales y agrarias.

También han asistido a este evento la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Juana López Pagán; el director de Administración Local, Francisco Abril, y el gerente del grupo de Acción Local del Valle de Ricote, José Luis Tornero.

Los intervinientes han hecho hincapié en la necesidad de contar con un marco general común, de carácter estatal, en materia de desarrollo rural, que fije actuaciones coordinadas y efectivas en materia de dinamización y mejora de oportunidades del medio rural nacional y regional.

La directora general del MITECO ha explicado durante su intervención que “es fundamental actuar teniendo en cuenta cada territorio, cada realidad regional”, al tiempo que ha insistido en que la cohesión social y territorial “exige un diálogo de igual a igual entre el entorno rural y urbano para superar las brechas de desigualdad de oportunidades de la ciudadanía que vive y cuida nuestro ámbito rural”.

En este sentido, ha indicado que la Región de Murcia y los municipios que sufren los desequilibrios sociales y territoriales “deben ser una prioridad de la acción pública de todos los niveles de Gobierno”.

López Pagán ha añadido que “el Gobierno de España ha puesto en marcha por primera vez una política pública a nivel nacional para luchar contra la despoblación y que esta suponiendo el mayor esfuerzo de la historia reciente para cohesionar nuestro país”.

Por su parte, el director general de Administración Local, Francisco Abril, ha comentado “es importante diagnosticar, por supuesto, pero lo es aún más pasar a la acción porque si no la ciudadanía no ve soluciones en sus municipios”.

“Por lo tanto una de las primeras decisiones que tomamos desde el gobierno regional ha sido establecer la puesta en marcha en el marco de la estrategia contra la despoblación, como acciones en materia de empleo, o la conectividad y el transporte entre su residencia y los grandes entornos urbanos para que los jóvenes no se marchen”, ha agregado Abril.

Necesidades de las zonas rurales

Para la presidenta de la FMRM, “es una oportunidad aplicar en los municipios de la Región los resultados de este estudio, ya que se habla de acciones y medidas concretas, de cara a lograr un desarrollo territorial más equilibrado y evitar los procesos de abandono de las zonas rurales, revitalizándolas, y generando en esos territorios nuevas oportunidades, que además de retener a su población joven, consigan atraer actividades económicas de valor, generadoras de empleo y que transformen a esas zonas rurales, en espacios competitivos”.

Asimismo, ha descritos acciones “necesarias” para atajar el reto demográfico de las zonas rurales a través del fomento del empleo, la diversificación económica, la mejora de la calidad de servicios básicos o la optimización de la conectividad y de las infraestructuras de comunicación o digitales de los territorios rurales.

María Dolores Muñoz ha explicado para terminar que “es importante alcanzar una más clara delimitación de los ámbitos competenciales exclusivos o compartidos”, para resaltar la importancia de incluir el enfoque del desarrollo territorial equilibrado y de lucha contra la población en las políticas y acciones públicas de la Comunidad, “como la revisión de las necesidades de financiación de pequeños municipios y el interés de contar con una ley que pueda dirigir las acciones en materia de desarrollo rural y lucha contra la despoblación”.