El Gobierno regional reclama un nuevo mapa de zonas inundables

El Gobierno regional solicita de nuevo a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la información técnica necesaria que permita valorar de manera objetiva y rigurosa los mapas de zonas inundables. Solo de esta manera se puede «ajustarlos a la realidad social para evitar las muy importantes consecuencias sociales y económicas para la Región que se derivan de ellos y que ya están dañando a la economía».

Insisten en que expone una representación gráfica de los mapas, pero no ofrece información imprescindible como el cálculo, la metodología y las hipótesis utilizados en su elaboración que permitan realizar aportaciones técnicas sobre su calidad, precisión y fiabilidad», según han señalado los directores generales de Territorio y Arquitectura, y de Agua, Jaime Pérez Zulueta y José Sandoval

Los directores generales han remitido un nuevo escrito al presidente de la CHS, Mario Urrea, en el que reiteraron la documentación solicitada en julio sobre los mapas y que se centra en aspectos básicos hidrológicos e hidráulicos, «imprescindibles para poder hacer alegaciones técnicas».

Pérez Zulueta y Sandoval indican que «de nada sirve que se amplíe el plazo del proceso de consulta un mes y medio más, si siguen sin darnos la información técnica que permita hacer sugerencias y aportaciones para su corrección y mejorar la fiabilidad de los mapas».

Subrayan que de no poder hacer esas aportaciones, el proceso de consulta pública «será un simple formalismo y demostrará que se prefiere actuar de manera unilateral en un asunto tan delicado, aunque esto provoque severos deterioros en la actividad económica de la Región».

El Ejecutivo regional ya mostró en julio de este año su rechazo a los mapas de zonas inundables realizados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), argumentando que «nacen de planteamientos erróneos porque no se corresponden con la realidad y como consecuencia están provocando una severa parálisis de la actividad económica».

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, argumentó que no se pueden establecer severas restricciones jurídicas basadas en documentos técnicos de escasa fiabilidad y que «contienen grandes errores». Por tanto, pidió que se gestionen los riesgos de inundaciones en origen, a través de los planes estatales de defensa de avenidas, «que tan buenos resultados dieron en décadas pasadas». También negó que dos terceras partes del municipio de Murcia sean peligrosas ni tampoco que 400.000 personas estén afectadas por riesgos de inundación.