La Región de Murcia propone sacar de la factura de la luz todos los costes no energéticos

El Consejo de Gobierno ha analizado en su reunión de este jueves la quincena de propuestas que el Ejecutivo regional ha remitido al Gobierno de España con el objetivo de que sean tenidas en cuenta en el diseño del Plan de Contingencia Energético. Entre ellas se encuentra la de disminuir el precio de la electricidad a través del sistema de fijación del precio.

Este documento deberá ser enviado a la Unión Europea a finales de septiembre, con el objetivo de disminuir el consumo de gas natural en un 7% para paliar la dependencia del gas ruso a raíz de la guerra en Ucrania, y ante una situación de posible escasez.

En la rueda de prensa posterior a la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, ha denunciado que “debemos aportar nuestras propuestas a ciegas, puesto que desconocemos el contenido del plan, ya que no se nos ha hecho llegar a las comunidades autónomas ni tan siquiera un borrador”.

El Gobierno murciano considera necesario promover e incentivar acciones y medidas cuya finalidad sea el ahorro energético. Por ello, “reiteramos la necesidad de una política de Estado energética consensuada, coherente, racional y adaptada a las distintas circunstancias territoriales de España”, ha explicado la portavoz del Ejecutivo.

“Es urgente el desarrollo de un verdadero Plan Energético que se construya en la línea marcada por Europa, con objetivos obligatorios para el sector público, pero con recomendaciones, que no obligaciones, para el sector privado”, ha precisado Miguélez.

La Región de Murcia ha solicitado que, igual que se ha hecho en Europa, en España se establezca el periodo de vigencia de las medidas de eficiencia energética hasta marzo de 2023, y no hasta octubre de ese año, como ha fijado el Gobierno de España.

“Así, en marzo podríamos analizar qué se ha logrado, cómo se encuentra Europa y sus países miembros, y una vez que se tuviera toda esta información, determinar la necesidad o no de implantar nuevas recomendaciones”, ha añadido la consejera.

Iniciativas

En cuanto a las iniciativas aportadas por el Gobierno regional para su inclusión en el Plan de Contingencia Energético destacan, entre otras, sacar de la factura de la luz todo lo que no sea coste energético, trasladando esos costes, en su caso, a los Presupuestos Generales del Estado, con la consiguiente rebaja a los ciudadanos y empresas.

Implantar de forma definitiva el IVA para la electricidad de todos los consumidores españoles entre un 4 y un 10 por ciento como máximo y prolongar la vida útil de las centrales nucleares existentes, en el contexto de inquietud por los precios y el abastecimiento de energía, son otras de las medidas propuestas.

Asimismo, el Ejecutivo de la Región de Murcia ha planteado disminuir el precio de la electricidad a través del sistema de fijación del precio, decretando una modificación de las leyes sectoriales eléctrica y de hidrocarburos, con el objetivo de implantar un nuevo sistema de fijación de los precios eléctricos, “más allá de la isla energética peninsular, no como actualmente, ya que es una simple derivada de los precios del gas natural en los mercados internaciones”.

También ha defendido la necesidad de promocionar el hidrógeno como fuente energética a medio plazo. En este sentido, Miguélez ha señalado que la Región de Murcia, por sus características geográficas y su capacidad tecnológica e industrial, ofrece condiciones óptimas para su desarrollo.

Otras de las propuestas trasladadas al Ministerio son: facilitar el autoconsumo colectivo y la implantación de las Comunidades Energéticas, desarrollando este concepto mediante normas que faciliten su constitución y funcionamiento, y permitir la generación de energía en segundas residencias y que pueda compensarse su consumo en la vivienda principal, o hacerlo en diferentes centros en el caso de empresas, siempre que las instalaciones pertenezcan a un mismo titular y se autoconsuma la mayor parte de la energía renovable generada.

Del mismo modo, ha destacado la importancia de facilitar la instalación de sistemas de producción con renovables de potencia inferior a 100 KW, simplificando y agilizando su conexión, y considerar las instalaciones de potencia menor de 5 KW como un receptor a efectos de su instalación, así como implantar una base de datos única y no varias con prácticamente el mismo contenido en diferentes administraciones.

Al hilo, Miguélez ha insistido en que la ‘burocracia electrónica’ generada por la gestión de las ayudas Next Generation ocasiona un elevado consumo de recursos humanos y tecnológicos, con resultados discretos. Por tanto, “es necesario unificar esas bases de datos, o cuando menos disponer de herramientas que permitan alimentar de forma automática todas las que sea necesario, siendo el Estado el único con capacidad y poder de decisión para diseñar una base compartida y ponerla en servicio de forma eficaz para todo el territorio nacional”.

Por otro lado, en cuanto a las medidas que se podrían implantar en la Administración Pública, desde la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, el objetivo estratégico que el Gobierno de la Región de Murcia se ha marcado a corto y medio plazo es la optimización del gasto.

En esta línea, se trabaja en un plan de choque que permita alcanzar una mayor eficiencia energética y, por tanto, reducir los consumos de energía y su coste.

El plan está centrado en tres líneas de actuación: la centralización de servicios y energía susceptibles de contratación para todos los edificios de la Comunidad; la instalación de nuevas tecnologías en iluminación que conduzcan a una reducción del gasto energético; y la actualización de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado, así como la instalación de plantas de generación de energía verde por medio de instalaciones fotovoltaicas.

Apagado de escaparates a medianoche

Por último, en cuanto a las peticiones del sector comercial y hostelero, el Ejecutivo regional ha solicitado un paquete de ayudas por parte del Gobierno central para hacer frente a la implementación de las medidas exigidas en el decreto; una moratoria del mismo hasta el 30 de noviembre; que los escaparates puedan apagarse a medianoche y no a las 22.00 horas, como está establecido, y que todo lo relativo a la seguridad alimentaria se coordine con la normativa actual, ya que “puede haber contradicciones con lo establecido en el decreto en cuanto a las temperaturas exigidas en el caso de las cadenas alimentarias”.