Afectados por la ley de Costas piden a la Asamblea Regional de Murcia consenso para evitar el derribo de sus viviendas

El representante de la asociación de afectados de Cabo de Palos por la Ley de Costas, José Antonio Luque, ha solicitado ante la Comisión de Política Territorial, Agricultura, Agua y Medio Ambiente que la Asamblea Regional alcance un consenso para evitar el derribo de sus viviendas y una solución al problema con el que ahora se están encontrando.

Durante su exposición Luque ha comparado la legislación española y la europea en esta materia. Según ha indicado, la ley europea “no criminaliza la vivienda en la costa como lo hace la ley española”. A su juicio, la Demarcación de Costas de la Región es “mucho más dura con las viviendas que otras demarcaciones, las cuales son más flexibles, especialmente allí donde las competencias están transferidas”.

El representante de la asociación de afectados de Cabo de Palos por la Ley de Costas ha advertido de que “se están vulnerando” derechos como la protección y defensa de la vivienda y la igualdad. “Somos ciudadanos europeos dignos y trabajadores, no somos multimillonarios ni enchufados . Vivimos en viviendas heredadas y conservadas año tras año con mucho esfuerzo”, ha señalado.

Durante su intervención ha pedido a los diputados regionales ayuda para “salir de este calvario. Tendrían que saber con qué nivel de terror se hablan los temas de Costas por parte de todos los afectados”, ha puntualizado añadiendo que muchos de los afectados “no tienen recursos, conocimientos ni capacidad para defenderse”.

Los afectados por la ley de Costas han pedido al Ministerio que no derribe sus viviendas en Cabo de Palos, Los Nietos, Mazarrón o Puntas de Calnegre. De hecho, Luque ha informado de que ha conseguido retrasar hasta en tres ocasiones la demolición de su vivienda en la playa de Levante.

“Que nombre una pequeña comisión eficaz, rápida, para comprobar lo que decimos y esclarecer todo esto que estamos denunciando. Verán como en muchos de los núcleos se reproducen las mismas quejas. Seguro que pueden hacerlo convencidas sus señorías a que salgamos de este calvario”, ha solicitado.

Ante la comisión también ha comparecido el secretario de la asociación de vecinos Guardamar Playa, Manuel López, que ha detallado que representa a más de 100 familias. Durante su intervención ha aludido a la “arbitraria aplicación del ordenamiento jurídico”.

López ha afirmado que respetan la decisión de la Administración “si es que esta decisión es la extensión del mandato de una sociedad a la que sirve. Compartimos plenamente el espíritu de la ley de Costas si ese espíritu es para garantizar la protección del medio porque en la costa se han hecho muchas cosas mal”, ha dicho.

Aún así, consideran que hasta ahora la ley ha servido para “hacer la vida imposible a miles de familias y para incrementar la litigiosidad”. Además, ha manifestado que “echar a las familias de sus casas no es la solución” y ha tendido la mano a los expertos y a la administración para crear un foro de diálogo para una modificación de ley, una mejor gestión del patrimonio, “no actuar es destruir y, además, es más caro”, ha añadido.

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Carmina Fernández ha aclarado que no se pretende “señalar ni culpabilizar a los vecinos afectados y que se debe afrontar la situación con rigurosidad y respeto”.

Desde Ciudadanos, su portavoz Francisco Álvarez ha manifestado que “se debería fomentar el potencial turístico y divulgativo de estos núcleos, en lugar de tratar de derribarlos”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, considera que la aprobación de la ley de Costas “supone introducir una disposición adicional para que los núcleos urbanos consolidados con unos valores históricos, cuyas viviendas además tuvieran un título de propiedad o una licencia administrativa antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, puedan excluirse del dominio público”, ha explicado indicando que esta norma dará seguridad jurídica a los propietarios de dichas viviendas.

Esta es la primera comisión que se produce en la Asamblea Regional desde la desaparición del Grupo Parlamentario VOX. A ella han acudido por parte del Grupo Mixto los diputados de VOX Juan José Liarte y Francisco Carrera de la Fuente.

Al inicio de la comisión, el socialista Alfonso Martínez ha expresado el malestar de su grupo al no haberse celebrado la Junta de Portavoces el pasado martes, tal y como estaba prevista. “Según el Reglamento, la composición de las comisiones la establece la Junta de Portavoces y en esa junta se podría haber tomado el acuerdo de reestructurar la comisión. No sabemos si esta comisión se ajusta o no al Reglamento”, ha advertido.

En respuesta al socialista se ha pronunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, quien le ha dado la razón en lo de que la composición de la comisión la debe establecer la Junta de Portavoces, pero le ha recordado que desde el PSOE se pidió mantener la convocatoria de la comisión para hoy y no aplazarla, como se sugirió. La nueva reunión de la Junta de Portavoces se ha fijado para este viernes, ha informado.