El Ministerio recortará menos agua del trasvase si se cumplen los objetivos ambientales en el Tajo

No será necesario aumentar los caudales ecológicos, que podrían comprometer el trasvase Tajo-Segura, si se cumplen los objetivos ambientales fijados para las masas de agua. Así lo contempla el nuevo texto que recoge las condiciones de explotación de la infraestructura hídrica tras introducir un mecanismo corrector y nuevas inversiones impulsado por el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Según han informado fuentes de la Generalitat, el objetivo es garantizar la llegada de agua al regadío alicantino tras proponer una serie de mecanismos que afectan a los criterios relativos al establecimiento de los caudales ecológicos.

La Generalitat considera un “avance importante” la modificación que se ha operado respecto a los planes iniciales que se presentaron, en la medida en que el establecimiento de ese mecanismo sienta las bases necesarias para el mantenimiento futuro del trasvase.

La novedad sustancial de esas nuevas condiciones de explotación consiste en que los incrementos paulatinos de los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez que se propusieron inicialmente dejan de ser fijos e inamovibles y estarán sometidos a revisión, hasta el punto de que si se cumplen los objetivos ambientales fijados ni siquiera será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026, de tal manera que los caudales ecológicos no verían su aumentado su valor y, por ende, no comprometerían la continuidad del trasvase.

Para poder cumplir esos objetivos ambientales, el Gobierno aprobará inversiones por valor de 1.000 millones para la depuración de aguas procedentes de Madrid, cuyo nivel de contaminación actual constituye una de las principales causas del mal estado de las masas de agua a su paso por Aranjuez, termómetro que sirve para valorar y establecer el valor de los caudales ecológicos.

Al mismo tiempo, el Gobierno contempla otro plan inversor dirigido a la cuenca del Segura que contará con un presupuesto de unos 600 millones de euros que, en este caso, se destinarán a incrementar la producción de las desaladoras, a mejorar la interconexión entre las mismas para facilitar el abastecimiento de agua en las diferentes zonas, y a la instalación de energía fotovoltaica.

Todas estas medidas, que deberán ser aprobadas en la reunión del Consejo Nacional del Agua del próximo día 29, suponen una modificación importante de los planteamientos iniciales ante los cuales la Generalitat ya expresó su oposición.