Regantes y agricultores murcianos estallan frente a Moncloa contra el plan del Tajo: “Atenta contra el trabajo de miles de familias”

El aumento de los caudales ecológicos del río Tajo, sin criterios técnicos, provocará el fin de más de 12.000 hectáreas de regadío en Murcia, Alicante y Almería; dejará a más de 15.000 personas sin empleo; aumentará más el precio del agua que se consume en los hogares; y se perderán los principales sumideros de CO2 con los que cuenta el levante para frenar la desertificación y el cambio climático. Estas son algunas de las consecuencias que los regantes prevén si entra en vigor el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, cuya aprobación está prevista este martes en Consejo de Ministros.

Por ese motivo, regantes, agricultores y afectados por este plan, en el que está previsto un recorte del envío de agua del Tajo al Segura, se han movilizado este martes frente a Moncloa para protestar contra la ya esperada decisión del Gobierno central, y que según inciden: “no cuenta con criterios técnicos”.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) incide en que esta decisión atiende “a cuestiones políticas” y supondrá la pérdida de millones de euros para todo el Levante y el Producto Interior Bruto de toda España. “Es un problema que afecta a toda la sociedad. Defender el trasvase es defender el futuro de todo el país”.

Reivindican la supervivencia de una infraestructura que genera más de 106.566 empleos, y desde el Círculo del Agua se remitió una carta al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para que no se apruebe el Plan con los términos propuestos actualmente, sin el consenso de los regantes. Sobre todo, tras el dictamen del Consejo de Estado en el que confirmó la falta de coordinación con el plan del Segura.

Organizaciones como Asaja Murcia, UPA Murcia, Coag, Fecoam o Proexport se han plantado frente a la sede del Gobierno central con el objetivo de que el Ejecutivo nacional “vele por los derechos de la sociedad y defienda el bienestar de los agricultores”. Por ese motivo, han pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que frene el plan que “atenta contra el trabajo y el esfuerzo de miles de familias en el sureste de España”.

Desde Asaja Murcia aseguran que por el momento, “hay esperanza de que impere el sentido común”, y advierten de que si sale adelante, prepararán una gran manifestación en Madrid como protesta. “Por el momento, hay cierto optimismo, porque la batalla aún no está perdida”.

Fuentes de la organización agraria recuerdan que hay varios recursos presentados y que la vía judicial será una de las armas que utilizarán los afectados para frenar este ataque al regadío del sureste nacional. “Sería el fin de la agricultura. La desalación no es suficiente”.

En cualquier caso, inciden en que lo que está en juego es mucho más, son miles de puestos de trabajo que viven de la infraestructura hídrica. “La voz social no la para nadie, y mucho menos en un momento complicado como el que atravesamos, con unos precios desorbitados y una inflación asfixiante”.