Tribunales

La Fiscalía pide 13 años y medio de cárcel para Pedro Antonio Sánchez por el caso 'Guardería'

El expresidente murciano se enfrenta también a 36 años de inhabilitación especial por fraude, prevaricación, falsedad documental y de ordenación contra el territorio

El expresidente de la Comunidad de Murcia Pedro Antonio Sánchez, el arquitecto Martín Lejárraga (d) y la la secretaria del ayuntamiento de Puerto Lumbreras Caridad Gacía (2d), este martes al inicio de la primera sesión del juicio del caso ?Auditorio?, por los delitos de prevaricación y fraude de subvenciones al adjudicar a dedo la construcción de un auditorio municipal en 2005. EFE/Marcial Guillén
El expresidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio SánchezMarcial GuillénAgencia EFE

El fiscal al frente del caso "Guardería" en la Región de Murcia, que investiga presuntas irregularidades en la construcción de centros de Atención a la Infancia y de la Mujer en Puerto Lumbreras ha trasladado a la jueza del caso su petición para condenar a una pena de 13 años y medio de prisión al que fuera entonces alcalde de dicha localidad, y que posteriormente fue presidente de la Comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta implicación.

Reclama, además, la pena de 36 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por los presuntos delitos de fraude, prevaricación, falsedad en documento público y de ordenación contra el territorio.

Según el relato de la Fiscalía, Sánchez aceptaba "encargos verbales, fraccionar proyectos y aprobarlos sin cumplir las formalidades legales", por lo que pide 13 años de inhabilitación especial. Asimismo, ha solicitado para el ex alcalde la pena de cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito continuado de fraude en concurso ideal con el delito continuado de prevaricación.

En el escrito se pide para Pedro Antonio Sánchez
siete años de prisión, siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 30 meses a razón de 50 euros de cuota diaria por el delito continuado de falsedad en documento público (acta de replanteo, certificaciones y actas de recepción y solicitud de informes para ampliación de plazos de subvenciones).

Todo ello, en concurso ideal con el delito continuado de malversación (pago de proyectos con sobrecostes y certificaciones y actas de recepción de obras inexistentes), aplicando como más grave el delito de falsedad.

El fiscal Juan Pablo Lozano pide la pena de dos años y seis meses de prisión, así como cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 30 meses a razón de 50 euros de cuota diaria por el delito continuado Contra la Ordenación del Territorio por aprobar los tres proyectos del Centro de la Mujer que excedía la edificabilidad máxima.

Fraude

Según el escrito, el fiscal acusa a Sánchez por la construcción entre los años 2007 a 2010 de un solo edificio con dos usos independientes: Escuela Infantil de 0 a 3 años y Centro de la Mujer.

El Ministerio Público señala en su escrito que este edificio fue concebido "de modo fraudulento" mediante siete proyectos, "algunos inicialmente incompletos, que se entienden fueron adaptándose sucesiva e independientemente a los requisitos de las subvenciones disponibles (concedidas entre los años 2005 y 2010)".

"Aunque en realidad, parece lógico que tuvo que existir un único proyecto constructivo en el que se diera forma a todo el puzzle de proyectos presentados a distintas subvenciones, proyecto ocultado por los acusados", tal y como sostiene Lozano.

En realidad, el fiscal señala que "se trató de conseguir ilícitamente dinero de distintas subvenciones con el único propósito de obtener un presupuesto suficiente para ejecutar un edificio de interés público, si bien, para ello, no se dudó en trocear proyectos inejecutables per se y simular licitaciones públicas".

Tampoco se dudó, añade el fiscal, en "certificar mendazmente partidas de obra para poder justificar documentalmente el gasto ante el ente otorgante de la subvención, y aceptar pagar dinero público por obras inexistentes cuyo destino real, más allá de ser percibido" por la empresa constructora, "resulta incierto".

En el total de la obra certificada "ilícitamente" entre los 7 proyectos, atendiendo al presupuesto de la misma de 1.382.392,35 euros para una superficie de 1.635 metros cuadrados, "supuso un ilícito coste global pagado por el Ayuntamiento de 845,49 euros por metro cuadrado, por encima del precio de mercado".