López Miras y Ribera, fin a una etapa de conflictos por el Mar Menor

Un paseo por San Pedro del Pinatar y una firma en el Palacio de San Esteban de Murcia fueron ayer las imágenes del día en una jornada histórica para la Región de Murcia. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, escenificaron un «alto al fuego» en las discrepancias que han protagonizado en los últimos años en lo relativo a la protección ambiental del Mar Menor. Mientras que desde el Ejecutivo autonómico llevan años reclamando la aplicación del proyecto Vertido Cero, el Ministerio incide en que el grueso de las actuaciones deben ir de la mano de la Administración regional. Pero a partir de ahora, la implicación será bidireccional. O eso se espera. Tanto el presidente como la ministra y los alcaldes de los ayuntamientos ribereños firmaron el protocolo para la creación de la denominada Comisión Interadministrativa del Mar Menor, «una hoja de ruta común, que será una garantía para acelerar la recuperación» de la laguna salada.

Un acuerdo que estaba previsto en la Ley regional de Protección del Mar Menor, aprobada por el Gobierno de López Miras en 2020, y que tiene principalmente un valor «simbólico», según Ribera, como parte del «compromiso» del Ejecutivo central y en la voluntad de trabajar juntos para «resolver problemas». El objetivo es que colaboren, se ayuden y se coordinen entre ellas, aportando «nuevas decisiones» para intentar acelerar un proceso que «debe llevar a la recuperación definitiva» de la laguna salada.

Además, la ministra puntualizó que la Comisión «no altera el régimen de competencias entre las diferentes administraciones» pero «sí es un espacio en el que se entiende mejor» qué están proponiendo los diferentes actores, así como su capacidad de ejecución y calendario.

Según López Miras, con la firma, «comienza una nueva etapa basada en el entendimiento», un acuerdo muy esperado, en cuya firma «llevamos mucho tiempo trabajando de forma conjunta con el Gobierno central». La comisión, que tiene una vigencia inicial de cuatro años, estará integrada por cuatro representantes de la Comunidad; otros cuatro de la Administración General del Estado y un representante de cada Ayuntamiento, y se reunirá al menos una vez al año, o cuando lo soliciten alguna de las partes.

En ese sentido, el presidente insistió en que las estrategias de recuperación «no pueden llevarse a cabo de forma independiente, sino que requieren de coordinación» entre todas las partes, además de «ahondar en lo común, puesto que, incluso desde las discrepancias entre Gobierno central y regional, ambos deseamos un Mar Menor sano y fuerte». «Estamos obligados a entender que tenemos que trabajar unidos, desde el diálogo».

El presidente López Miras también incidió en la importancia de «evitar el enfrentamiento entre territorios», punto que utilizó para remarcar que la planificación hídrica es importante para un territorio como la Región de Murcia, para «no desechar ningún recurso». Y, precisamente, puso de ejemplo que uno de estos recursos importantes es el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. Además, afirmó que «trabajar unidos, desde el diálogo, es lo mejor que podemos hacer para proteger el Mar Menor».

Entre las medidas previstas, según recordó la ministra, se incluyen la declaración de Interés Ambiental de la laguna así como otras 10 líneas de actuación para «atajar el problema de la contaminación en origen», actuando sobre las fuentes de contaminación que requieren de intervención especifica, apostando por soluciones basadas en la naturaleza y usando la ciencia como «la herramienta más útil» para lograr la recuperación.

Por su parte, según recoge la Ley de Protección del Mar Menor, el Gobierno murciano ha llevado a cabo iniciativas como la monitorización del ecosistema para obtener datos actualizados en tiempo real, ha invertido más de 60 millones de euros en infraestructuras hidráulicas de saneamiento y para evitar escorrentías en los últimos 4 años, y ha retirado unas 34.000 toneladas de biomasa en los dos últimos ejercicios, entre otras iniciativas. De hecho, la ministra consideró que ya «empiezan a ser ya visibles» los resultados de esas medidas, y puso como ejemplo la desconexión de más de 9.000 hectáreas de regadíos ilegales en el entorno del Mar Menor.

Además, hay previstas nuevas intervenciones, entre las que destacó las relacionadas con la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, en cuya recuperación se van a invertir unos 200 millones de euros, o la creación de 11 nuevos humedales por parte de la Administración regional.

Ahora, se abre una nueva etapa en la que, aunque no se descartan las discrepancias», se buscarán «garantías» para que la laguna salada vuelva a lucir como una joya medioambiental.