El Mar Menor tensa el pacto PP-Vox tras frenar la reforma de la ley en la Región de Murcia

Agitada sesión parlamentaria en la Asamblea Regional en el bautizado como «supermiércoles» en el que el Mar Menor tomó protagonismo y supuso el primer cruce de intereses entre los socios del gobierno regional. Tanto fue así, que el vicepresidente y portavoz de Vox, José Ángel Antelo, pidió la convocatoria «inmediata» de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno con el PP tras no salir adelante su propuesta de ley para reformar la ley de Protección del Mar Menor, con la que poder flexibilizar las restricciones a la actividad agrícola en el entorno de la laguna salada.

«Esa modificación es una línea roja clara a la que no vamos a renunciar», aseveró Antelo, quien anunció que convocaría este jueves al presidente autonómico, Fernando López Miras, para abordar la moción presentada por el Grupo Popular con la que se instaba a plantear una reforma «en consenso con los agentes sociales». Y todo eso ocurrió durante la sesión parlamentaria de la mañana, donde también se rechazaron las proposiciones de ley presentadas por PP y por PSOE sobre la moratoria urbanística de este enclave. «El Mar Menor merece que todos nos pongamos de acuerdo para avanzar en su protección», aseveraba el portavoz popular, Joaquín Segado.

Además, fue el parlamentario quien anunció que el PP, tras no haber prosperado su propuesta inicial, presentó una moción «para que, en el momento que sea posible, podamos iniciar un proceso de escucha social con las organizaciones agrarias, ayuntamientos y con el resto de agentes socioeconómicos implicados en el Mar Menor».

Ya en la sesión vespertina, en la que el pleno retomó la actividad con la sesión de control al presidente, el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, preguntó a López Miras sobre si considera la agricultura «un problema» para el Mar Menor. «La agricultura, por lo que supone para la Región, en empleo, exportaciones y balanza comercial, es esencial para el presente y futuro, y no lo considero un problema», respondió el presidente, quien se alineó con el diputado de Vox en asegurar que «la principal solución para el Mar Menor es el proyecto de Vertido Cero». «Una ley tan importante como esta requiere de todos los consensos necesarios. Debemos partir de cero de esa propuesta que mejore la ley actual».

Financiación justa

Por otra parte, el presidente autonómico volvió a poner encima de la mesa el debate acerca del castigo económico que padece la Región en referencia a la infrafinanciación autonómica. «Llegaremos a todas las instancias, incluso judiciales, para que se cumpla la ley y para que el millón y medio de murcianos reciban el mismo trato que el resto de los españoles».

Así lo dijo a preguntas del PP señalando que el Gobierno central está eludiendo el reglamento de la Conferencia de Presidentes al evitar su celebración, y la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hizo recientemente un llamamiento para que se convoque este órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades para tratar, cuanto antes, una cuestión como es la deuda y el gasto del Estado.

«Si la Región hubiera recibido en 2023 la misma financiación que la comunidad mejor financiada, habríamos cerrado el ejercicio presupuestario con un superávit de 700 millones de euros», una partida que, en palabras del presidente, «permite mantener el Estado de bienestar, la sanidad, la educación y las políticas sociales».

Por parte del Grupo Socialista, José Vélez le preguntó al presidente si su Gobierno está haciendo «lo necesario» para resolver los problemas de los ciudadanos de la Región, haciendo referencia a los datos del paro o la esperas para beneficiarse de la Ley de Dependencia, a lo que López Miras le aseguró que «no hay ningún gobierno del mundo que solucione todos los problemas, pero hacemos todo lo posible para conseguirlo». De este modo, el presidente señaló que «la lista de la dependencia establece que el 50% debe financiarlo el Estado y el 50% la Comunidad y en la Región el 20% lo paga el Estado frente al 80% de la Región», zanjó.