Violencia de género

La Región de Murcia registra la tasa más alta del país de víctimas de violencia de género, con 26,4 cada 10.000 mujeres

La cifra corresponde al primer trimestre de 2023, cuando los órganos judiciales dictaron 697 sentencias, de las que nueve de cada diez (91 %) condenaron al agresor

Audiencia Provincial de Murcia
Audiencia Provincial de Murcialarazon

La Región de Murcia registró en el primer trimestre de 2023 la tasa más alta del país de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, con el 26,4%, según se desprende de los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los juzgados de la Región recibieron 2.044 denuncias de mujeres víctimas de violencia machista en los primeros tres meses del año, un 18,92% más que en el mismo periodo de 2022, en el que se registraron 1.730. El 65,1% de las mujeres tenía nacionalidad española, mientras que el número de víctimas menores tuteladas ascendió a 11.

En España, la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 fue de 18,4%, 1,7 puntos más alta que en el primer trimestre de 2022. Junto a Murcia, se situaron por encima de la media nacional Baleares, con 26%; Comunidad Valenciana, con 25,6%; Canarias, con 22,8%; Navarra, con 21,1%; Andalucía, con 21%; Cantabria, con 19,2%, y Madrid, con 18,4%.

Por su parte, las tasas inferiores de la media nacional se contabilizaron en Galicia, con 12,4; País Vasco, con 13,1; Castilla y León, con 13,3; Cataluña, con 13,8; La Rioja, con 14,2; Castilla-La Mancha, con 14,3; Asturias, con 11; Aragón, con 16,4 y Extremadura, con 17,4.

Aumentan las órdenes de protección

Entre enero y marzo de este año se solicitaron en los órganos judiciales 375 órdenes de protección, un 12,3% más que hace un año. De ellas, 286 fueron adoptadas por los juzgados de violencia sobre la mujer, un 12,6% más, y otras 89 fueron denegadas.

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 1.454 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (263), que representó un 31,8% del total y las órdenes de alejamiento (221), un 26,7%.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 312 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (88) y con la atribución de la vivienda (55).

Durante el primer trimestre de este año, también se acordaron 81 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas, 30 de suspensión de la guardia y custodia y en 10 casos suspendieron la patria potestad.

Este tipo de medidas aumentaron un 22,4% respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la reforma del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal --que establece la suspensión del régimen de visitas "cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido" con la violencia de género-- llevaba en vigor más de medio año.

Sentencias condenatorias

El número total de sentencias dictadas en el trimestre fue de 697 y, de ellas, 630 fueron condenatorias, y 67 (el 19,93%) absolutorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en la Audiencia Provincial de Murcia, que dictó cinco sentencias, todas ellas condenatorias, y en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 96,23%. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 72,21% de los casos enjuiciados.

Por su parte, entre enero y marzo de este año los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 3 menores de edad (hace un año fueron juzgados por estos órganos 6). Y se impusieron medidas en los tres casos, en sentencias dictadas previa conformidad.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, observa cómo los datos del primer trimestre del año muestran una vez más un incremento, muy similar en términos porcentuales al registrado en el cierre del pasado año, tanto en el número de mujeres víctimas, como en el de denuncias presentadas.

Carmona señala la importancia de que el porcentaje de mujeres que denuncian a sus agresores ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o ante la Justicia se mantenga de forma sostenida en torno al 70%, y plantea que uno de los retos a los que se enfrenta la lucha contra la violencia machista es "seguir mereciendo la confianza de todas esas mujeres, unido al de ganarse la confianza del resto de víctimas".

"Debemos ser capaces de conseguir que todas ellas sientan que dando ese difícil paso que es denunciar a su pareja o expareja, están abriendo la puerta a un futuro mejor para ellas y para sus hijas e hijos. Cuando cruzan la puerta del juzgado o de la comisaría, deben sentirse seguras", afirma la presidenta del Observatorio.

A su juicio, el aumento del número de víctimas y de denuncias tiene, como ocurrió a finales de 2022, una doble lectura: de un lado es un dato positivo porque muestra que las víctimas no se callan, denuncian, pero, por otro, significa que la violencia de género en España sigue haciendo mucho daño a muchas mujeres. Por esta razón, la insiste en la importancia de la denuncia, que es también la única forma de no dejar impune la comisión de estos delitos.

"La denuncia pone en marcha la maquinaria de la Justicia, que actúa con absoluto respeto de las garantías procesales de todas las partes y que es la única vía de castigar al agresor cuando, tras la celebración de un juicio justo, se demuestra la veracidad de los hechos denunciados", asegura Carmona, quien añade que no denunciar equivale a impunidad y lanza un mensaje muy negativo, da la idea de que los agresores quedan exentos de responsabilidad.

Finalmente, la presidenta del Observatorio considera "muy relevante" el aumento de las órdenes de protección concedidas (6,6% más), que es muy parejo al incremento de las solicitudes recibidas en los órganos judiciales (un 7%).

Los jueces y juezas adoptaron la medida de alejamiento en siete de cada diez solicitudes, lo que muestra "no sólo la preparación de lis integrantes de la Carrera Judicial en esta materia, sino también su sensibilidad en relación con la situación que viven las mujeres víctimas".