Jueces y dignidad

Hace poco veía un partido de fútbol y al saltar los jugadores al campo unos policías les acompañaban con escudos, supongo que para evitar un posible latazo. Pensando en los millones que ganan algunos de esos astros balompédicos pensé en los sueldos mileuristas de esos policías protectores. La razón –seguí pensando– es que el futbolista es un producto rentable, una fuente de ganancias, no así esos policías que sólo aportan algo tan insignificante como seguridad y orden público.

Ahora policías y guardias civiles negocian que sus sueldos se equiparen a los de las policías autonómicas. El detonante fue el escándalo de unos Mossos mejor pagados pero sediciosos y unas Fuerzas de Seguridad del Estado constitucionales pero mal retribuidas, luego sin ese escándalo –y el empeño de este periódico– no se habrían atendido unas reivindicaciones nada novedosas. Este «detalle» evidencia la insensibilidad que durante años ha caracterizado al Estado. Y también su debilidad.

Los jueces también andamos de negociaciones. Tampoco somos astros de nada ni falta que nos hace, sólo garantizamos una minucia, el Estado de Derecho, una función que quizás se esté descubriendo que es vital. Esto tal vez explique el empeño de siempre del nacionalismo por tener su propia Justicia, no necesariamente en un Estado independiente: les bastaría ese fantasmagórico Estado federal defendido por algunas fuerzas nacionales. Con una España federalizada, en la que cada estadito federado tuviese sus propios jueces, fiscales, policía, inspectores fiscales, etc. ¿habrían salido a la luz los variados escándalos que copan la actualidad, no ya catalana sino andaluza, valenciana o madrileña?

A diferencia de policías y guardias civiles los jueces somos ignorados: o no tenemos buena prensa o resultamos indiferentes; además no damos votos, no estamos en el organigrama mental del político, no somos sus instrumentos de acción y la Justicia es un entramado de difícil comprensión e incontrolable, pero que conviene atar en corto en la medida de lo posible: bastante poder ejerce un juez como para que, encima, sus condiciones de trabajo sean dignas y atractivas. A propósito de reivindicación salarial, como negociador de mi asociación recuerdo que trabajé en lo que luego fue nuestra ley de retribuciones de 2003 y en la que se introdujo una idea cuya paternidad me atribuyo, y perdón por tanta vanidad: que se crease una comisión que cada cinco años revisase nuestras retribuciones. Se trataba de que el sueldo del juez lo fijase una ley y no el ministerio patrón y que el desfase se afrontase en lo sucesivo mediante esa comisión estable, no a base de calentar el ambiente, pedir ser oídos y enfrascarse en tortuosas negociaciones. Para un poder independiente se pretendían sueldos dignos, fijados por ley y un sistema de actualización desindicalizado y despatronalizado.

En estos años, esa comisión debería haberse reunido dos veces –ahora sería la tercera– pero no lo ha hecho nunca. Las dos primeras era difícil porque estábamos metidos en la crisis hasta las cachas y los sueldos se revisaban, cierto, pero para recortarlos. Ahora oficialmente España va como un tiro, pero el Estado opta por incumplir sus leyes, proletarizar a los jueces e ignorarlos, no sólo en este tema, sino en el resto de las cuestiones que las asociaciones judiciales han planteado para mejorar la Justicia.

El ánimo está entre el desfonde y la indignación y para agravarlo se ha dinamitado la subcomisión parlamentaria que trabaja en la reforma judicial; además ni la izquierda ni el Gobierno tienen interés por volver al modelo genuinamente constitucional de gobierno judicial despolitizado. Y para rematar se atisban unas reformas que acentuarán una Justicia desvitalizada como poder y consolidada como servicio público dirigido por las administraciones, central o autonómicas.

En 2018 celebramos los cuarenta años de la Constitución y la judicatura lo celebrará con el anuncio de movilizaciones, incluso una amenaza de huelga; y digo yo que algo debe estar haciéndose mal por el Estado cuando jueces y fiscales –como los policías– se ven maltratados, es decir, aquellos que ejercen unas funciones que justifican que exista el Estado. Quizás el poco respeto hacia sí mismo, una historia de dejaciones e insensibilidad hacia sus servidores expliquen buena parte de los problemas que torturan a España.