Derogar en caliente

Si por «legislar en caliente» se entiende promulgar normas legales en función de la alarma, la inquietud o la irritación social propiciadas por un determinado hecho luctuoso, entonces cabe decir que, con independencia de que ello no tiene porque suponer rémora alguna para un estado de derecho, en España no existen precedentes en los que se haya dado tal circunstancia. Por lo tanto y para tranquilidad de algunas posturas que en el fondo guardan unas nada despreciables dosis de complejos garantistas, no sólo siempre se ha legislado «en frío», sino que paradójicamente es ahora cuando lo que se pretende es «derogar en caliente». Mañana jueves sin haber digerido aún los ecos de la comparecencia que hoy miércoles lleva a Rajoy al Congreso para debatir sobre las pensiones, la cámara baja dará paso a un debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable que vuelve al centro del escenario político a cuenta de la trágica muerte del pequeño Gabriel Cruz en Níjar presuntamente a manos de la pareja de su padre y que ha conmocionado a todo el país. Estamos hablando por lo tanto no de legislar, sino de derogar una parte del código penal que lleva vigente desde 2014, más de tres años antes del asesinato de Gabriel. La propuesta del PNV apoyada por PSOE y Podemos saldrá adelante casi con toda seguridad sin que las enmiendas de PP y Ciudadanos puedan impedirlo y añadiendo no pocos grados de «calentura» a una situación de auténtica irritación social por parte de quienes abogan por los «enfriamientos». Llaman la atención las dudas de una parte de nuestro espectro político frente a una medida que está por ver si contraviene el principio de reinserción y que únicamente es aplicable en casos muy contados de flagrancia delictiva. No somos una excepción entre el elenco de democracias occidentales. En Gran Bretaña se recoge el «castigo perpetuo», en Alemania crímenes execrables como la violación de menores o el asesinato de niños se contemplan directamente en la cadena perpetua, en Francia la denominación es «perpetuidad irreductible» y en Suecia, Dinamarca o Italia la figura es prácticamente un calco de la española. Las vidas de Anabel Segura, Mari Luz Cortés, Diana Quer o Marta del Castillo fueron segadas por asesinos no precisamente hace dos días y, hoy, los mismos que se oponen a las actuaciones en caliente no dudan en reunirse con los padres de estas víctimas tal vez en busca de un idóneo escaparate para la justificación de posiciones políticas. Quienes se jactan de las consultas a sus bases hubieran tenido una buena oportunidad para preguntarles a propósito de esta derogación «en caliente». No descartaría alguna sorpresa.