Bárbaros y consentidos

En estos últimos cuatro días Madrid ha sido testigo y víctima de algunos de los más sonados episodios en la historia reciente de la infamia. Se ha producido además un indicativo contraste entre lo que entendemos como legítimas y pacíficas movilizaciones en pos de reivindicaciones concretas y lo que no dejan de ser violentas acciones alentadas por consumados pirómanos para tomar las calles como única alternativa a su incapacidad para hacer política desde las instituciones sacando lo más abyecto del populismo.

El problema de los primeros –caso del amplio colectivo de pensionistas que se han manifestado este fin de semana– puede ser el gobierno de turno hoy con un nombre y apellido al frente que es Mariano Rajoy, a quien le toca la nada apetecible faena de repartir trigo real y no virtual con el ejercicio de pragmatismo que obliga a quien está en La Moncloa. El de los segundos, los incendiarios del asfalto no es Rajoy –tampoco lo hubiera sido cualquiera de sus antecesores en la presidencia del gobierno– el problema de estos es un sistema basado en el respeto a la Ley y las instituciones democráticas con el que directamente se quiere acabar. Vaciarlo para volver a llenarlo con otros conceptos. Eliminarlo por incompatible con la escala de valores de lo que hoy representa una parte del «ADN» de Podemos. Eso es todo.

Conviene por lo tanto resaltar ese contraste. Unos –y tomaré como referencia por su actualidad a los pensionistas movilizados– son esa generación que ya pisó la calle en la primavera del 68 para clamar libertad y jugar después un papel de valentía no exenta de responsabilidad durante la etapa de la transición política y que hoy ya jubilados vuelven a la calle para reclamar legítimamente mejoras sobre un derecho adquirido. Los otros directamente ni saben ni se preguntan por qué estos jubilados entregaron vidas, trabajo y dolor para conseguir un sistema al que pretende dinamitarse con cargas de demagogia, violencia y falsedades manifiestas como ha ocurrido en los sucesos de Lavapiés. Utilizar la muerte de un inmigrante por causas naturales para destrozar un barrio embarrándolo con infamias populistas contra un racismo y brutalidad policial inexistentes es ya de por sí deplorable, pero hacerlo usando las redes sociales desde la maquinaria de las instituciones gobernadas por una franquicia de Podemos llama directamente a la petición de responsabilidades políticas por la gravedad de los hechos. Los Espinar, García Castaño o Rommy Arce, recurrentes «macarras» de las redes, ya están tardando en responder por la gravedad de lo ocurrido. También el PSOE podría hacerlo en las urnas sencillamente por mantener al frente del gobierno municipal a este elenco de «angelitos» antisistema.