La Justicia contra la judeofobia

La justicia de nuestro país no defiende la legalidad y la justicia sólo en el caso del intento de secesión de los nacionalistas catalanes. También está interviniendo, y con gran claridad, en otro asunto de menos relevancia pública pero de trascendencia política y cultural. Desde 2005, viene actuando globalmente el movimiento BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones, según su nombre en castellano) que pretende presionar a las empresas, las instituciones y en general la sociedad entera para que cesen sus relaciones o sus inversiones en Israel. Los patrocinadores arguyen que Israel somete a los palestinos habitantes del país a un régimen idéntico al del apartheid practicado en Sudáfrica –en su día– con los ciudadanos negros.

No hace falta estar de acuerdo con la política israelí con respecto a los palestinos para entender que esa afirmación es ajena a la realidad, mucho más compleja y diversa. Los ciudadanos palestinos israelíes, por ejemplo, participan en la vida política y están representados en la Knesset –el Parlamento– como los demás, de cualquier origen o religión.

La llegada al poder municipal de Podemos y afines, muchas veces apoyados por el PSOE (partido que en su día estableció las relaciones diplomáticas entre Israel y nuestro país), ha traído una ola de adhesión al BDS por parte de varios ayuntamientos, algunos tan importantes como los de Santiago de Compostela, Cádiz o Gijón (también se ha sumado, para más ignominia, una Universidad, la Autónoma de Barcelona...).

Las instituciones –de todos– se manipulan para transformarlas en plataformas activistas. Se utilizan para conculcar derechos universales. Se exceden sus competencias al intervenir en las relaciones internacionales, que no les corresponden. Y acaban difundiendo, como en siglo XV o en los momentos más siniestros del XX, un mensaje de odio hacia los judíos, hermanos nuestros en la religión, así como en el patrimonio y el legado cultural, que conforma una de las raíces de nuestra nación.

Con buen tino, ACOM, una asociación española que vela por las buenas relaciones entre Israel y nuestro país, ha venido interponiendo querellas judiciales contra estas decisiones. Y afortunadamente, la justicia le está dando la razón. Hay motivo para celebrarlo.