Los jueces salvan al Estado

En los últimos días han brotado como setas magistrados del Supremo en forma de periodistas. Pocas columnas escritas, comentarios radiofónicos o tertulias televisivas ha habido en las que el malencarado plumilla de turno no enmendase la plana a Pablo Llarena. No me refiero, exclusivamente, a los ayudantes de cámara del independentismo. Los periodistas de estricta obediencia podemita, mayoritarios en la profesión, han puesto a caer de un burro al instructor del 1-O y, lo que es más delirante, le han corregido sistemáticamente como si fuera un leguleyo. Esta banda de listillos olvida que un miembro del Tribunal Supremo es a la judicatura lo que Fischer o Kasparov al ajedrez: la élite de las élites. Y que llegan allí tras un darwinista concurso de méritos en el que sólo sobreviven los mejores. Van a por él no porque haya prevaricado, que es obvio que no ha prevaricado. Tampoco porque sea un tuercebotas, que saben que no lo es. Lo machacan porque son conscientes de que ha truncado su plan y el de los independentistas del detenido Puigdemont, que es el mismo. Una hoja de ruta que pasa, al más puro estilo 36, por balcanizar España, por aplicar a rajatabla ese maquiavélico aforismo que sostiene que «cuando peor, mejor». Cuartearla para instaurar un nuevo régimen que se aproximará más en represión y totalitarismo al franquismo que a la España del 78. Más allá de lo que suelten estos tontos (como decía Forrest Gump, «tonto es el que dice tonterías») una cosa está muy clara: España nunca agradecerá lo suficiente al poder judicial su actuación en la coyuntura más grave en cuatro décadas de democracia. Todo lo contrario que una clase política que ha optado por no meterse en problemas desde que la UCD convirtió a País Vasco y Cataluña en estados de facto. Ni Felipe, ni Aznar, ni obviamente el colaboracionista Zapatero se atrevieron a meter mano al marrón. Ha tenido que ser el más blando de todos en teoría, Rajoy, el que paradójicamente cogiera el morlaco por los cuernos. Pero quienes de verdad han mantenido el tono del Estado han sido los jueces y los fiscales que todos a una exclamaron el 1-O: «¡Hasta aquí hemos llegado!». De no haber sido por ellos a estas horas España no existiría. O no al menos como la conocemos desde hace 500 años.