Sobre la violencia

La cuestión que se plantea hoy en Cataluña de manera acuciante es si el aumento de la confrontación política, con la división del cuerpo social en dos bandos aparentemente irreconciliables, y muy recalentados, puede derivar en un enfrentamiento civil, que es lo que parece que buscan los grupos más radicales del soberanismo, encabezados por los Comités de Defensa de la República. Manejados por la CUP y con la ayuda entusiasta de los más radicales, parecen decididos a imponer la independencia por la fuerza y acabar con el sistema. El fracaso del «procès», con sus dirigentes fuera de juego por la acción de la Justicia, que va cerrando el cerco a la insurgencia, alienta la escalada de la lucha en la calle, a la que insensatamente se unen los sindicatos convocando una huelga más o menos revolucionaria. Los recientes sabotajes en vías de comunicación y las amenazas al juez Llarena, del Tribunal Supremo, a figuras como Boadella y a políticos defensores del orden constitucional son señales de alarma. La situación se puede ir de las manos. A estas horas, la burguesía catalana y la Iglesia habrán comprendido ya, si no están obnubiladas, con quién se juegan los cuartos y las indulgencias.

La defensa de los procesados basa sus argumentos en el carácter pacífico del movimiento soberanista y, por supuesto, de sus principales dirigentes. La Fiscalía y el juez no piensan lo mismo. Pero no se trata aquí de la consideración penal que merezcan los hechos. Ya se verá. Es evidente que no ha habido un alzamiento armado en Cataluña, pero parece fuera de duda que ha existido una sublevación civil contra el orden constitucional vigente, promovida desde las instituciones, utilizando a las masas. Esto ha ocurrido en general de forma pacífica, aunque no han faltado episodios de violencia en la calle –que van en aumento– y, desde luego, de cruel intimidación al discrepante. Los poderes independentistas, en un ridículo alarde de superioridad moral, llevan tiempo despreciando y vilipendiando a los que no piensan como ellos, tratándolos como ciudadanos de segunda clase. Si aún confían en una solución política al conflicto, lo peor que pueden hacer ahora, siendo, como dicen, personas pacíficas y seguramente bondadosas, es caer, a la desesperada, en la tentación de las barricadas.