La inhabilitación de Puigdemont

Jesús Rivasés

Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española, será inhabilitado, antes o después. Los magistrados de la Audiencia Nacional, incluidos algunos que discrepan con la encarcelación de Junqueras, Turull, Romeva, Forcadell y demás líderes independentistas, no tienen ninguna duda con el Código Penal en la mano. También están estupefactos por la decisión del tribunal alemán que, aparentemente, insufla oxígeno al ex-presidente de la Generalitat, y a renglón seguido añaden, no sin cierta ironía ácida: «Cuando las cosas se dejan en manos de los jueces, nunca se sabe lo que puede ocurrir».

«El procés se acabará con penas de inhabilitación», explican los mismos jueces, que tampoco ocultan su malestar por el hecho de que el Gobierno de Rajoy les traspasara una patata caliente que debería haberse resuelto políticamente antes de llegar al ámbito judicial. Nadie duda de que Puigdemont y compañía han transgredido la ley, pero pocos discuten que la Justicia no debería haber sido la última instancia.

La decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que descarta cualquier persecución política de Puigdemont, revela la fragilidad de la Unión Europea como un espacio común. Los magistrados germanos han roto, de alguna manera, el principio de confianza entre los órdenes jurídicos de los Estados de la Unión Europea, que era lo que pretendía garantizar y armonizar la «euroorden». Puede parecer técnico –y lo es–, pero en la práctica significa que hay menos Europa de lo que parece. Ejemplo, un juez español jamás dudaría en ejecutar una orden emanada de otro juzgado, con independencia de que, como es obvio, posteriormente hubiera un juicio con todas las garantías.

Puigdemont debe permanecer en Alemania, pero, aunque lo intentara, no puede volver a España, salvo que acepte ser detenido inmediatamente, lo que aleja cualquier ensoñación de que vuelva a ser presidente de la Generalitat.

El enredo catalán, sin embargo, amenaza con enrocarse, algo que solo puede ser negativo, más para Cataluña que para España. Hay un dato bastante inapelable, como apunta Raymond Torres, director de coyuntura y análisis internacional de Funcas: «El registro de inversiones extranjeras muestra una caída del 40% de las inversiones directas en Cataluña, frente a una ligera disminución –del 7,2%– para el conjunto de España». Sobran los comentarios.