El pósit

La Razón

Hace un mes que tengo este pósit de recordatorio pegado en mi mente y ha aguantado los empellones de la actualidad: Cataluña, sus adherencias y derivaciones; hechos de la España negra con ribetes judiciales; másteres fantasma o las movilizaciones judiciales de los últimos días clamando por una dignificación del trabajo judicial. Lo retomo, no sea que caiga en el olvido.

En él garabateé que en marzo se cumplían ocho años de la ley sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la ley del aborto. ¿Y qué ha pasado durante estos ocho años?: nada relevante, sólo que hasta 2016 ha habido 734.585 abortos legales; es decir, que en estos ocho años ha desaparecido una ciudad como Sevilla.

También me ha recordado ese pósit otro dato no muy relevante y es que hace apenas un par de meses el Instituto Nacional de Estadística nos decía que somos un país con más fallecimientos que nacimientos. Aun así nos permitimos el lujo de perder cada año la población equivalente a una ciudad como Gerona, Lugo o Santiago de Compostela. Total, que a la gente joven que se va de España hay que añadir aquellos otros que, según nuestra ley, ha sido un derecho acabar con su vida.

El pósit también me recuerda que hace ocho años se recurrió esa ley ante el Tribunal Constitucional y que denegó suspenderla hasta que recayese sentencia. ¿Qué hubiera pasado de haberse suspendido?, no lo sé, eso es un futurible, pero a mí los datos anteriores me martillearían cada día. No sé cuándo resolverá. Hace unos meses se rumoreaba que podría ser inminente, pero ya se ve que o no lo era o el asunto ha vuelto al congelador.

Siempre he pensado que enjuiciar la vigente ley de plazos no es especialmente complejo porque, con su inalterada doctrina, el Tribunal Constitucional la declararía inconstitucional, pero los tiempos y los integrantes de ese tribunal cambian y lo que jurídicamente parece claro quizás otros no lo vean así; o, peor aún, algunos no lo ven por sus creencias o descreencias como si el dato objetivo de acabar con la vida de un no nacido fuese cuestión de creencias o descreencias.

Desde luego lo que es pura ficción es esperar que el Gobierno promueva su derogación, sencillamente porque su opción ha sido que tan engorrosa castaña la saque del fuego el Tribunal Constitucional, algo a lo que se nos tiene acostumbrados como espera que sean los tribunales los que saquen las castañas calcinadas del fuego catalán o que aclaren si hay o no másteres de pega. Es lo que pasa cuando confluyen falta de principios, ausencia de responsabilidad y sobra incapacidad, cuando se hace contabilidad y no política; cuando no hay más realidad que la que alcanza al telediario de las tres o el horizonte político es de una semana; cuando se es un gestor y no un estadista que piensa en las futuras generaciones y atiende a temas enojosos como la educación, la vivienda prohibitiva, las pensiones de miseria, la despoblación, la igualdad efectiva, una juventud que no ve futuro en España, unos sueldos de miseria o que vayamos a una proletarización de la clase media, etc.

Nada cabe esperar del legislador y la tardanza del Constitucional no anuncia nada bueno, lo que nos a un desafío: que pese a las leyes contrarias a la vida, se reduzca el número de abortos no por la divulgación de anticonceptivos o de píldoras del día después, sino por respeto a la vida a base de una acción de tutela, asesoramiento, acompañamiento, educación y de recarga moral.

En fin, valga este artículo como pósit, es uno más y sigo la táctica publicitaria: repetir machaconamente un mensaje. Si juntase las decenas de los que he escrito sobre el aborto no me saldrían más de dos folios, simplemente porque me repito. Malo sería acostumbrarse y ahora que está tan de actualidad elucubrar sobre qué es la violencia –¿Puigdemont actuó con violencia?– o cuando para el feminismo enloquecido hasta ser cortés es violencia machista, quiero recordar que hay otra cotidiana, silenciosa, que consiste en acabar con la vida de decenas de seres humanos.