La Justicia, humillada

Se atribuye a Willy Brandt, siendo canciller alemán, la siguiente afirmación: «Permitir la injusticia significa abrir el camino a todas las demás». Es lo que han hecho los tres jueces de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein en el «caso Puigdemont», corrigiendo la plana nada menos que al Tribunal Supremo de España y alentando, con su sorprendente y poco reflexiva decisión, la insurrección en Cataluña contra el orden constitucional. En unas pocas horas han sido capaces, estos jueces de un Juzgado regional alemán, de descalificar y desmontar toda la instrucción acumulada durante meses, con conocimiento del terreno y con un trabajo amplio y minucioso, por el Tribunal Supremo de España. Parece, cuando menos, una temeridad y un ejercicio de frivolidad, con consecuencias demoledoras. Los españoles no aceptamos fácilmente que vengan desde fuera a enmendarnos la plana. Si la corrección proviene de la poderosa Alemania, peor aún. La indignación de la gente con el «caso Puigdemont» es patente. Está en juego el prestigio internacional del Reino de España, un Estado de derecho progresista y garantista, como el alemán o más, que tanto costó levantar hace cuarenta años y que amenazan ahora con destruirlo golpistas como el ex president, que con esto se sienten envalentonados. Ayer mismo, sin ir más lejos, procuraron agitar la calle en Barcelona contra el Rey y el Poder Judicial. La insurrección sigue. No estamos ante una inocente y pacífica protesta política, sino ante el mayor ataque al Estado de derecho en España desde el golpe de Estado del 23-F. Más peligroso y no menos violento que aquél. Según Hans Kelsen, golpe de Estado es toda modificación ilegítima de la Constitución, o sea, llevada a cabo fuera de los cauces constitucionales. Eso es alta traición aquí y en Alemania. La decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein no sólo humilla a la Justicia española sino que convierte en papel mojado la euroorden u orden europea de detención, que pretendía establecer el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Es decir, destruye una base clave de la construcción europea: la Justicia común y la mutua confianza de sus miembros. Ante esto, el Gobierno español está obligado a dar un puñetazo encima de la mesa, si quiere recuperar el honor de España y el prestigio perdido del presidente por culpa de su habitual silencio e impasibilidad. Como escribió Pascal: «¡Menuda Justicia, limitada por un río! Verdad a este lado de los Pirineos, error al otro lado!».