Manifiestamente mejorable

El procedimiento que se sigue para designar a los más altos dignatarios del Banco de España es como aquella ley de fincas mejorables que, en 1971, culminó la reforma agraria del franquismo.

A ella se refirió Jesús Esperabé de Arteaga, procurador en Cortes y más tarde diputado de UCD, en un discurso memorable, como «una ley pedestre y acuestre» debido a que, «desde el punto de vista social, no aporta(ba) absolutamente nada», ya que para lo único que servía es «para santificar el principio de que todos los españoles aspiramos a tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol; y siendo ministros, a hacer una ley». Por eso, decía, «para mí esta ley es como una estatua sin caballo».

El caso es que la norma no sirvió de mucho –como, por otra parte, cabía esperar, pues como recordó en el debate Alberto Ballarín Marcial, que más tarde ocuparía un escaño por la UCD en el Senado, no se trataba de «una ley de coacción, una ley persecutoria, una ley punitiva»– y, por tal motivo, Adolfo Suárez la cambió por otra de fincas manifiestamente mejorables.

Pues bien, lo de la manera como se nombra al Gobernador, el Subgobernador y los Consejeros del Banco de España –es decir, a dedo, sin publicidad sobre los méritos y la capacidad de los aspirantes, previa negociación en ignotos emplazamientos entre el gobierno y alguno de los partidos de la oposición, pero sin que los demás puedan meter su cuchara– es también «manifiestamente mejorable».

Lo es principalmente por sus resultados, que a la vista están en la figura de los dos últimos Gobernadores, el uno, nombrado por el PSOE, cuyo principal mérito fue no enterarse de la crisis financiera que se le venía encima al sistema bancario español y, una vez desencadenada la catástrofe, dar pábulo a esa extraña tesis de que, a partir de dos o más entidades dañadas, se puede construir, casi sin coste, una excelente; y el otro, designado por el PP, que ha trabajado más por disimular los estragos del anterior que por arreglar los fallos de la casa, especialmente en lo que a las tareas de supervisión bancaria se refiere, mientras ésta iba perdiendo su prestigio, además de sus competencias en favor del Banco Central Europeo.

Es evidente que ese procedimiento que se siguió en el pasado –y que ahora amenaza con repetirse– es, como aquella ley de fincas: pedestre y acuestre. Lo primero, porque selecciona mal. Y lo segundo, porque sólo sirve para que el ministro, sin montura, de Economía coloque a alguien de su confianza, más allá de la parquedad de los méritos que le ornen.