El llavero de género

Más sobre la llamada violencia de género. Acaba de convertirse en ley el Pacto de Estado contra la violencia de género. Aparte de insistir en la concepción que impone la ideología de género sobre qué es y el por qué de esa violencia, introduce una novedad trascendental. Hasta ahora la llave que abría la caja de las ayudas y beneficios a las víctimas era la calificación judicial de esa violencia como «de género». Ahora habrá otra llave que abrirá la caja: que la califiquen ayuntamientos o autonomías, lo que se justifica cuando no media denuncia ni procedimiento penal. Y cierra la norma con una orden dirigida a los gobiernos central y autonómicos: «diseñaran» los procedimientos para «poner en marcha» cómo se acreditarán las situaciones de «violencia de género».

Al margen de un lenguaje más de peritos industriales que de juristas me quedo con que tal novedad desjudicializadora se aparta del régimen general de tutela de víctimas de delitos violentos, contra la libertad sexual o de terrorismo. Sirva como explicación la que ofrece la propia norma: que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, no supedita la protección a que las víctimas ejerzan acciones legales ni declaren contra el autor. Aparte de que cita el artículo 18.3 del Convenio y es el 18.4 –tiquismiquis de jurista–, de esa previsión no deduzco una suerte de «desjudicialización» de esta violencia.

No hay espacio para debatir –sí plantear– si la reforma contraría, lo que se llama «reserva de jurisdicción». Dicho en otras palabras: hasta qué punto es admisible que conductas delictivas sean calificadas como tales no por los tribunales –que tienen reservada constitucionalmente esa función– sino por ayuntamientos o autonomías. Lo planteo y dejo constancia también de que ese adentrarse las administraciones en el terreno judicial no es novedosa: ahí está que, por ejemplo, que a efectos sancionadores algunas autonomías puedan calificar como abusivos ciertos contratos bancarios, cometido propio del juez mercantil.

En su momento me ocupé de esa «invasión» administrativa en predios judiciales, al menos para dejar constancia de los problemas que se plantearán cuando una misma realidad –qué es cláusula abusiva o, ahora, qué es violencia sobre la mujer– sea objeto de reacciones contradictorias, según la califique el juez o una administración. Es lo que pasa cuando la cultura constitucional flaquea y el político busca protagonismo interviniendo mediante la administración –su instrumento de acción– para arrinconar al juez, que tiene la maldita costumbre de ser independiente, no es un funcionario sujeto a consignas de jefe político alguno y procura que no haya indefensión. Se explica así que se haya evitado que el Consejo General del Poder Judicial informe esa reforma pretextando urgencia, es decir, haciéndola por decreto-ley.

Esto no es un debate entre eruditos: que suplan al juez unos empleados municipales o autonómicos, erigidos en agentes de género «comprometidos», tiene consecuencias. Al hacerlo al margen de las garantías procesales y de toda presunción de inocencia, puede irse a un sucedáneo de criminalización que consolide esa presunción de culpabilidad del hombre que inspira la perspectiva de género. Añádase el uso fraudulento a que invita: fruto de diversas relaciones convulsas la víctima podría alegar maltrato moral en cada una y que un empleado municipal –aleccionado para ello– las califique como violencia de género y así ir acumulándose ayudas varias. En fin, si la ley había criminalizado lo que en muchos casos eran conflictos matrimoniales, ahora los administrativiza, aumenta el riesgo de abusos y otorga a unos funcionarios una llave reservada a los jueces por afectar a derechos y libertades.

Veremos cómo se regula todo esto, qué prevenciones se introducen, si habrá prudencia o una suerte de campeonato nacional «perspectiva de género» y veremos qué autonomía gana el trofeo a la ley más tuteladora. Con todo queda en el aire algo en lo que machaconamente hay que insistir: todo esto, ¿ayudará a pacificar o generará más encono, odio y violencia? Es lo que pasa cuando no se va a la raíz para preguntarse por qué hay violencia sobre la mujer o por qué aumenta: sencillamente porque no se acepta más respuesta que la que impone la ley.