¿Quiénes amenazan la democracia?

Se suponía que habíamos quedado en que se aprovechaba una relevante sentencia judicial –Gurtel– para tumbar a un Gobierno del que curiosamente ninguno de sus miembros, desde el presidente hasta el último ministro pasando por secretarios de Estado había sido objeto, ni de procesamiento ni de condena por el citado caso. Se tumbaba a ese gobierno porque supuestamente la operación, no solo serviría para «regenerar» nuestra democracia, sino que además la liberaría de todo el plomo que en sus botas suponía el estigma de la corrupción, –solo la que afectaba claro está a un único partido que además había ganado las elecciones– una moción de censura que abriría las ventanas oreando la cosa pública y las instituciones. Era el pomposo argumento de la amalgama de formaciones que montaron esa, por otra parte legítima operación política. Ahora resulta que poco más de cien días después del «aldabonazo purificador» que en realidad justificó estrategias bastante mundanas, los paladines de la transparencia nos brindan dos ministros dimitidos, una tercera ministra en entredicho y un presidente bajo sospecha ética, además de la insistencia en no acatar las leyes a cargo de sus socios secesionistas y su «democrática» actitud de mantener cerrado el parlament de Cataluña, por no hablar de su vuelta a las andadas pisoteando en el exterior la imagen del Estado.

Síntomas perceptibles, capaces de inquietar a cualquiera que ponga en valor la propia esencia del sistema en una democracia basada en la separación de poderes. Si tan solo hace cuatro meses algunos ponían el grito en el cielo ante una democracia supuestamente amenazada por unos casos de corrupción, por otra parte total y completamente acotados en el terreno judicial y con responsables procesados o en la cárcel con nombres y apellidos, sería bueno que ahora, esos mismos ventajistas disfrazados de profetas de la pureza ética, nos dieran su opinión sobre hechos tan inéditos en décadas de democracia, –no tanto porque antes no se produjeran que se producían, sino por lo soviéticamente burdo de su planteamiento– como son, en tan solo un par de semanas las presiones, por no decir la desautorización permanente desde el poder ejecutivo a las competencias y al trabajo, tanto del legislativo como del judicial en lo que supone un claro y meridiano cuestionamiento a la sagrada división de poderes. La «lluvia fina» reflejada en la nada casual sucesión de declaraciones por parte del miembros del gobierno de Sánchez simpatizando con el fin de la prisión preventiva a los presos independentistas acusados de rebelión y otros delitos, poco menos que marcándole al tribunal supremo una sugerencia de actuación es como poco tan políticamente grosero como la artimaña tumbada por la mesa del congreso para evitar el veto del senado que también representa la soberanía popular a la senda de déficit. No es cuestión de tener solo 84 escaños –tampoco sería de rigor con una mayoría absoluta– es un inquietante «tic» que invita a recordar pasados errores en nuestra historia y que hace inevitable la pregunta: ¿tenemos hoy una democracia más sana que hace cuatro meses?