Sembrando vientos

Ante la hambruna que padecía la Rusia rural durante los últimos tiempos del zarismo, los correligionarios de Lenin le plantearon ayudar al pueblo, idea que Lenin cortó en seco: «el hambre cumple una función progresista».Una respuesta que sorprenderá, pero coherente desde su lógica revolucionaria que partía de la convicción de que un movimiento de tal cariz prende si hay miseria: sólo con unas masas encendidas cuajan las revoluciones.

Desde esa lógica nada más opuesto a un ideal revolucionario que la prosperidad, un razonable nivel de vida y empleo, que se pueda progresar y emprender, un país en el que los hijos puedan vivir mejor que los padres; una sociedad, en definitiva, asentada sobre una amplia clase media, verdadero presupuesto para que haya democracia. Eso será deseable para el común de las personas, pero opuesto para un ideal revolucionario que verá una sociedad burguesa, conservadora, una sociedad integrada por gentes que tienen mucho que perder y ahí no prende revolución alguna.

El revolucionario tiene garantizado su argumento si hay un adecuado nivel de miseria y conflicto, luego procurarlo es su objetivo. Y como el revolucionario es experto en agitación y propaganda se encargará de favorecer las condiciones para que haya conflicto social, crispación: eso es el capítulo de la agitación; y ya se encargará de poner en marcha su aparato propagandístico para indicarle a las masas crispadas quien es el culpable de sus miserias. Hará desfilar así a los habituales monstruos de su imaginario ideológico: la banca, las multinacionales, los fondos de inversión, el gran capital, los Estados Unidos, sin faltar los actores de reparto de toda la vida como la derecha, el fascismo, la Iglesia o cómo no y entre nosotros, el franquismo.

Desde este esquema sería inquietante que un país con anuncios de ralentización económica, cuando no de un serio parón, lejos de evitarlas reiterase aquellas políticas económicas y presupuestarias que trajeron recesiones y paro, que lejos de fomentar el ahorro, la inversión, la creación de empleo o abaratar costes, discurriese intencionadamente por las trochas de un gasto creciente e insostenible, que ahogue el ahorro o que machaque a quienes crean empleo a base de exigencias que les acogoten. Será irresponsable quien opte por esas políticas a modo de coyunturales bazas electorales, pero otros más arteros las apoyarán porque estarán creando las condiciones sociales para su anhelada revolución.

Las alarmas se encienden si esa política va acompañada de otras medidas aparentemente extravagantes a un pacto económico o presupuestario, pero indiciarias de que algo se trama. Son medidas que obedecen a una lógica total como, por ejemplo, desarmar al Estado derogando muchos de los instrumentos que tiene para mantener el orden público y que obstaculizarían los movimientos violentos de radicales y piquetes. Y es que en el capitulo de la agitación el revolucionario quiere impunidad, actuar sin cortapisas para esa estrategia cuando el paro procurado repunte y repunte; y para su estrategia de propaganda hacerse con los principales medios de comunicación, mejor la televisión: la gente que le interesa lee poco.

Y las alarmas deberían pasar a estado incandescente si en un país que se adentrase por tales caminos, se le concediese a los revolucionarios porque lo exijan libertad de insulto al jefe del Estado. Parecerá algo menor, aun más extravagante que lo anterior en el contexto de la política económica o presupuestaria, pero plenamente coherente para la lógica de un nuevo Lenin que quiera un zar al que abatir.

Los jueces no nos libramos. Como suele decirse, en una revolución el primer objetivo es la Justicia, garante del orden burgués. Quizás no sea prioritaria su colonización, una operación de desalojo y ocupación, aunque si lo fuese se haría sin miramientos. Quizás eso sea demasiado burdo y en su lugar sea más práctico acudir a la agitación callejera para amedrentar o deslegitimar a esos tribunales burgueses, conservadores, aprovechando cualquier pretexto, por ejemplo, que sentencien abuso sexual y no una agresión sexual; o bien obligar a los jueces a que asuman por ley sus postulados ideológicos o mandar advertencias de por donde deben ir acusaciones o sentencias, y todo sin olvidar la ayuda de los que con una sola piedra remueven todo el estanque.