¿Suecos o paletos?

Me pregunto de dónde le viene al PSOE esa inclinación acentuada en los tiempos de Rodríguez Zapatero y asumida de manera especial en la etapa del actual Gobierno de Sánchez, por poner a nuestro país, casi como si no hubiera un mañana, a la cabeza europea de cualquier iniciativa presumiblemente progresista y sin detenerse ni en las consecuencias inmediatas, ni mucho menos en la adopción de medidas que faciliten la transición hacia donde supuestamente pretendemos llegar los primeros. Nos ocurrió con el ataque de europeísmo que le entró a «ZP» convocando nada menos que un referéndum sobre la nueva Constitución de la UE que no sirvió para nada, salvo para dejarnos en ridículo como «únicos y primeros» en la defensa de un papel mojado y nos ocurrió más recientemente abriendo el puerto de Valencia al «Aquarius» porque se trataba, sin reparar en contexto ni consecuencias, de dejar claro que a solidarios y «estupendos» nadie nos gana. En esa obsesión por ir de «avanzados suecos» se lanza ahora el borrador de la nueva ley del cambio climático que contempla prohibir –palabra mágica– la venta de vehículos con emisiones contaminantes para 2040.

Vaya por delante que ni yo ni cualquiera con un mínimo sentido de la realidad va a negar algo tan irremisible como que de aquí a unos años los coches no serán de gasolina, es más, no habrá país entre los actualmente considerados contaminantes que no se haya adaptado a unos nuevos tiempos sin vehículos con combustible fósil. Pero la cuestión no es tanto lo que seguro va a llegar como las condiciones en que nosotros llegamos, o para ser más exactos, tan importante es que nuestros hijos conduzcan en el futuro un coche eléctrico o de hidrógeno como el hecho de que antes se lo hayan podido comprar, para lo que necesariamente se supone que les habremos dejado una economía mínimamente sólida y esta es la cuestión que hoy debería ocuparnos en un momento en el que corremos el riesgo –otra vez– de querer ser más que suecos para acabar en la condición de paletos.

De momento la comunicación entre gobierno y sector afectado –patronal y sindicatos– no parece haber arrancado de la mejor de las maneras y es que la pregunta es de cajón. ¿Cómo afectará a medio o corto plazo una norma que casi debería ser de consenso de estado por su transcendencia en un sector del que dependen millones de empleos? Cabe además recordar, por si a alguien se le escapa, que en países donde ya se ha iniciado este camino la sinergia estado-fabricantes encaja como el guisante en la vaina. Son parte del gen nacional. Volvo, Fiat, Volkswaguen , Renault o Citroen son a sus países lo que a Bilbao la virgen de Begoña, pero ocurre que en España todos los fabricantes son foráneos ya saben, de los que eligen entre ubicar una fábrica en Almusafes, Valladolid o Vigo o sencillamente llevársela a la república Checa, ergo, una correspondencia por parte de este gobierno entre la sensibilidad ecológica y la de salvaguardar empleos en un sector clave y vital en nuestro país, tampoco estaría de más... y si llegamos al aire puro algo más tarde que los suecos, pues tampoco pasa nada. Digo yo.