Andalucía: buscar y expulsar

Mañana domingo los andaluces podrán votar otra vez. A esa bella tierra que bañan dos mares también la salpican diagnósticos paradójicos. En la portada del suplemento de Economía de «El País» leí estos dos titulares: «Andalucía busca un modelo para cerrar la brecha» y «Vivienda. El mercado expulsa a los jóvenes».

Es notable cómo se abusa de la expresión «brecha», que generalmente es interpretada como una herida, una desigualdad injusta producida por las personas libres, que debe ser higiénicamente suturada mediante la intervención política. Una intervención que, naturalmente, jamás genera daños ni brechas. El lenguaje colectivista impone la fórmula «Andalucía busca» cuando no se refiere a los andaluces sino a sus gobernantes.

Veamos la brecha: «La autonomía tiene una tasa de paro muy superior a la media nacional y una renta per cápita inferior. Los expertos piden reformas en educación que mejoren la productividad». Pero los andaluces han tenido las mismas autoridades desde hace décadas, porque los socialistas llevan mandando allí casi tantos años como Franco. ¿Es que no se habían enterado del paro? ¿Ahora van a buscar soluciones al desempleo, la educación y la baja productividad?

El reportaje no parecía reconocer que la intervención de las autoridades igual es responsable de los problemas económicos andaluces. Al contrario, el texto no comentaba nada de impuestos, burocracias, ni regulaciones y la impresión que obtenía el lector era que Andalucía necesita todavía más de los tres.

Análogo desconcierto podía padecer quien pasara al artículo sobre la «expulsión» de los jóvenes del acceso a la vivienda. En efecto, una vez formulado el diagnóstico según el cual «el mercado expulsa a los jóvenes», añadía el periódico: «Los bajos salarios, la precariedad laboral y los elevados precios de la vivienda están dejando fuera a este colectivo, cada vez más vulnerable»..

Pero ni «El País» ni casi nadie parece caer en la cuenta de que no es «el mercado» el que expulsa, sino la intervención, que es una causa fundamental del paro y del encarecimiento de la vivienda. Pero es prácticamente imposible que los medios de comunicación reconozcan esa causa. Menos posible aún es que admitan que los ciudadanos somos muy vulnerables ante el supuestamente abnegado poder político y legislativo.