La mala prensa

«Menudo jaleo tenéis» o «estáis en plena polémica». Con estas o parecidas palabras suelen dirigirse a mi amigos o conocidos y, obviamente, se refieren a los acontecimientos que tienen a la Justicia como centro. Y mi respuesta invariablemente es la misma: «bueno, nada novedoso: llevamos así más de treinta años». En efecto, desde que allá, a mediados de los años ochenta, los casos Palazón y Rumasa pusieron a la Audiencia Nacional como protagonista de la vida política y económica, la Justicia ha abierto muchos telediarios, quizás demasiados; ha ocupado muchas primeras páginas.

Y durante muchos años, pese a que la Justicia era el epicentro de la noticia, se echaba en falta una política de comunicación institucional, lo que era una paradoja: el único poder que por mandato constitucional tiene que dar razón de sus decisiones y razón objetiva, era –y aún lo es– el que peor sabe explicarse. Para enmendarlo, en el Consejo General del Poder Judicial pusimos en marcha a partir de 2001 una política de comunicación institucional, dirigida por el también colaborador en estas páginas, Enrique López.Ya no bastaban sentencias y demás decisiones judiciales para explicarse –a menudo textos indigestos– sino que hacía falta que alguien los divulgase.

No estoy seguro de que se haya logrado ese objetivo, lo cierto es que las sentencias son lo que son y emplean el lenguaje que les es propio, pero el mensaje claro, la razón precisa de lo resuelto tengo mis dudas de que llegue a la opinión pública, carencia no pocas veces suplida por divulgadores oficiosos, como suelen ser los portavoces de las asociaciones judiciales.Yo, que lo he sido, en no pocas ocasiones he acudido a los medios simplemente para hacer pedagogía judicial, porque lo que para muchos son arcanos jurídicos o judiciales, si se explican, se comprenden y hasta se aceptan. Pese a estos esfuerzos institucionales la imagen de la Justicia no mejora, no así la de los jueces y algo debe significar, por ejemplo, que no haya partido que no cuente con alguno o algunos en sus filas o para ocupar altos cargos: será que damos un toque de solvencia, pero la Justicia no.Somos un país de paradojas.

La experiencia de estos años me lleva al convencimiento de que una Justicia mediáticamente débil ha servido a muchos para defenderse: unas veces un buen pararrayos al que derivar, por ejemplo, la responsabilidad de leyes defectuosas; otras, las más, partidos, gobiernos o grandes empresarios involucrados en los innumerables casos de corrupción de estas décadas, han optado por diseñar su defensa en los medios a base de desacreditar a esa Justicia que les inquietaba, máxime si el que tiene poder político o económico maneja, dirige, controla, financia o tiene a su disposición potentes medios de comunicación. Créanme: décadas de escándalos han dejado una clase política de todos los colores desacreditada, cierto, pero como respuesta sus protagonistas han logrado una Justicia en permanente estado de sospecha y descrédito.

Quizás la mayor expresión de esta táctica desacreditadora la estemos viviendo estos días en Cataluña.Ya sin rubor alguno es el propio gobierno autonómico el que, si no directamente, sí mediante organizaciones intermedias, alienta la amenaza y la coacción sobre los jueces.No les basta ya con arrinconar al disidente, van a más y del mismo modo que se exige la expulsión de las Fuerzas de Seguridad «españolas», se presiona para que otro tanto ocurra con los jueces.Y lo más insufrible es que no está claro que en el gobierno central se esté dispuesto a atajar ese matonismo. Hablando de imagen, hoy día a no pocos catalanes se les habrá convencido ya de que la Justicia no es tal, sino un apéndice del aparato represor del Estado.

Lo dicho no quita para que, no pocas veces, la propia Justicia sea la causante de su mala imagen, o demuestra que aún anda lejos de saber gestionar el impacto mediático de sus resoluciones.Un par de casos recientes –el de la Manada o quién paga el impuesto en los préstamos hipotecarios– muestran unas resoluciones correctas pero mal comunicadas y explicadas. Si se han pretextado para desacreditar a la Justicia, deben servir también de motivo para reflexionar sobre qué falla en esa comunicación.