Societat Civil Catalana

En noviembre del 2014 el Parlamento europeo anunció que galardonaba con el «Premio Ciudadano Europeo 2014» a Societat Civil Catalana (SCC) por «promover valores tan importantes como la concordia, la convivencia, el respeto, la tolerancia, la libertad de expresión y el diálogo». A raíz de la confirmación del premio, los partidos separatistas organizaron una campaña de criminalización contra SCC y contra mi persona (presidente entonces de la asociación). El motivo fue que entre las candidaturas presentadas para optar al Premio estaba también la de la «Assemblea Nacional Catalana», la principal asociación separatista. Los eurodiputados independentistas enviaron una primera carta en noviembre a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Sylvie Guillaume, en la que criticaban la decisión de la institución de conceder el galardón a SCC bajo la acusación de tener «vínculos con la extrema derecha española» y de promover «ideas xenófobas y extremistas». El odio acumulado en las filas separatistas fue in crescendo. Días antes de recoger el premio, se envió una segunda carta de queja por parte de los eurodiputados, siendo la respuesta del Parlamento Europeo más contundente. Guillaume aseguró que el galardonado había pasado dos jurados y que todas las acusaciones habían sido «rebatidas».

La estigmatización de SCC se concentró en mi persona y el odio empezó a extenderse por Catalunya con iniciativas parlamentarias, debates y artículos en prensa y tv. La propaganda acusatoria alcanzó su cenit el 20 de septiembre de 2014 cuando un grupo de juristas presentó una querella en nombre del actor Toni Albà por presuntamente «amenazar e injuriar» desde un falso perfil de Facebook a partidarios de la independencia de Cataluña, alegando que Josep Ramón Bosch estaba detrás de una página en la que se lanzaban mensajes, entre otros, contra Artur Mas. La querella fue desestimada.

Pero no contentos con todas estas fechorías propagandísticas, el 15 de octubre de 2015 se publicó el «Manifest: la societat civil de Catalunya per la dignitat», un alegato injurioso contra los que defendemos la Constitución y el estado de derecho en Catalunya. Finalmente, la verdad ganó. El 7 de enero de 2019 un juzgado condenó a los eurodiputados y las asociaciones separatistas a «cesar de presente y abstenerse en el futuro de cualesquiera actuaciones que, directa o indirectamente, supongan imputación a SCC de conductas idénticas, publicar a su costa el encabezamiento y fallo de esta sentencia, y abonar tanto las costas como solidariamente a Societat Civil Catalana, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, la suma de 15.000 euros». La sentencia pone fin a los intentos populistas y separatistas de vincular a SCC y a Josep Ramon Bosch con el nazismo, franquismo y la extrema derecha. Un fallo que se produce tres años después de iniciadas las insidias. El honor queda restaurado. A partir de ahora deberán medir sus palabras.