Un cambio de régimen legítimo

Venezuela vive una crisis legal y política relacionada con los actos contrarios a la Constitución y demás leyes que afectan la administración pública nacional perpetrados por la administración de Nicolás Maduro. Por ello, detallo las claves que amparan la legalidad del cambio de régimen.

1. Nicolás Maduro ha roto el orden constitucional.

El presidente rompió la legalidad con el decreto presidencial 2831, que convocó una Asamblea al margen de todos los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley del sufragio, sin someterlo a referéndum del pueblo venezolano. Por contra convocó un proceso electoral viciado, con una abstención récord, a través del Consejo Nacional Electoral, con mayoría del partido del Gobierno, que constituyó de forma ilegal Asamblea Nacional Constituyente.

2. Las elecciones convocadas por Maduro fueron fraudulentas.

El proceso electoral celebrado el 20 de mayo de 2018 no cumplió con los mecanismos del sistema jurídico venezolano, ni con los plazos establecidos por la Constitución, que debían garantizar un régimen libre y pluralista de partidos.

3. Rechazo de la comunidad internacional a las ilegalidades de Maduro.

Ante la ilegalidad, muchos países del continente americano y la Unión Europea no han reconocido la legitimidad y constitucionalidad de la toma de posesión presidencial del pasado 10 de enero por parte de Maduro. Venezuela no tiene un presidente democrático electo ni reconocido por la comunidad internacional. A Nicolás Maduro no le asiste la aprobación de la Asamblea Nacional ni del poder legislativo, convertido ya en un usurpador de atribuciones que deben ser restituidas por el orden constitucional mediante el régimen de cabildos nacionales, que deben resolver, no solo el problema jurídico y constitucional, sino también social y económico.

4. Creación de un régimen transitorio y legal.

Se plantea un nuevo régimen transitorio de gobierno, que se inició a partir del 23 de enero de 2019 frente a la ausencia de un presidente electo constitucionalmente. También debe nombrarse un nuevo Consejo Nacional Electoral, conforme al procedimiento constitucional, para convocar elecciones presidenciales. Juan Guaidó, diputado presidente del Parlamento Nacional, ha iniciado este camino al asumir las funciones del ejecutivo nacional en un proceso establecido en nuestra constitución para restituir el valor y vigencia de la misma.

5. Estricta aplicación de la legalidad vigente.

El poder ejecutivo de Maduro, a través del Tribunal Supremo Electoral, ha acusado de ilegítima la declaración de Juan Guaidó como presidente del Parlamento, algo a todas luces ilegal, ya que el nuevo presidente ha aplicado estrictamente los artículos establecidos en la Constitución para estos casos (artículos 233, 333 y 350).

6. Apoyo popular a Guaidó.

El pueblo venezolano salió mayoritariamente a la calle para rechazar la presidencia ilegal de Nicolás Maduro y apoyar al nuevo presidente.