Riesgo de inclusión

La izquierda promete el paraíso recortando derechos; utiliza una retórica melosa y esgrime el aval de burocracias internacionales, como la ONU. Ha vuelto a suceder con la campaña del Gobierno para suprimir la educación especial con el argumento de la «educación inclusiva».

En la llamada Declaración de Incheon de 2015, la UNESCO estipuló esta meta: «De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad».

Con este lenguaje buenista se puede acabar justificando cualquier agresión a los derechos de los ciudadanos. En este caso la izquierda se apresta a desplazar a 35.000 alumnos con discapacidad a aulas ordinarias, esgrimiendo a la inapelable ONU y a los correspondientes «expertos partidarios de su inclusión en la escuela general con los recursos especializados necesarios», porque no se puede separar a los niños, y porque si antes se apoyaba la creación de centros de educación especial ahora «debemos superar esa fase para lograr una sociedad inclusiva que conozca la diversidad y la respete».

Las utopías igualitarias de la izquierda se traducen en recortes de los derechos de la gente. En este caso, también, y es una nueva vuelta de tuerca del igualitarismo que con bonitas palabras arruina el futuro de las personas, como denuncia la Plataforma Educación Inclusiva SÍ, especial TAMBIÉN que aclara que este Gobierno tan progresista e «inclusivo» ansía cerrar los colegios de educación especial, y desde criterios sectarios y utópicos acabar con la libertad que hasta hoy tenían los padres de niños con discapacidad para elegir el modelo de educación en colegios ordinarios con recursos de integración o en colegios de educación especial.

La Plataforma defiende la educación especial como «una opción más de escolarización para las personas con discapacidad intelectual», porque hay niños que no pueden ser tratados como los demás. Esa opción, esa libertad de elegir, es lo que la izquierda quiere liquidar, una vez más. Y, como siempre, propiciando la inclusión del poder y la exclusión de las familias.