La rendición de Pedralbes

La propuesta final del Gobierno al independentismo refleja que Sánchez ha cedido a las principales cesiones de los grupos soberanistas.

«Formarán parte de la Mesa de partidos dos representantes con capacidad de decisión en los dos ámbitos territoriales (estatal y catalán) de cada uno de los grupos políticos con representación en Cataluña y, en su caso, de las formaciones vinculadas a los mismos».

El Gobierno central y la Generalidad de Cataluña establecen dos instrumentos de negociación. Una comisión «bilateral» de las dos instituciones. Y una mesa de partidos. La primera equipara al Gobierno con la Generalidad, con exclusión de los gobiernos de las demás Comunidades Autónomas. La segunda excluye a las Cortes, y muy en particular el Senado, que es la cámara de representación territorial, pero donde tiene mayoría absoluta el PP. Se da por supuesto que las Cortes aceptarán el resultado de las negociaciones. Tal vez el Gobierno piense que para entonces unas nuevas elecciones hayan variado en su favor la mayoría parlamentaria socialista. (Pedro Sánchez y su vicepresidenta creen en las encuestas del CIS de Tezanos). Para tratar un asunto de máxima relevancia, como es una nueva organización del Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios separatistas inventan por tanto instrumentos políticos al margen de los partidos y su representación en las Cortes: al margen por tanto de las instituciones y la Constitución. Desde el primer momento, da por sentado que el actual ordenamiento no sirve y se establece la ruptura como principio rector básico.

«Al frente de esta mesa de partidos se propondrá de común acuerdo una persona que será quien facilite la coordinación de los trabajos, de las convocatorias y fije el orden del día. Asimismo, ayudará a crear las condiciones idóneas para el diálogo, dará fe de los acuerdos alcanzados y determinará el seguimiento de su aplicación». Según el Diccionario de Autoridades de la RAE, «relator» es aquel «que refiere o relata alguna cosa», y corresponde al latín «narrator». El Estado central deja por tanto en manos de una figura supuestamente neutra la elaboración del «relato» que fundamente el acuerdo del que va a salir una nueva configuración del propio Estado. Ninguna de las dos partes tiene razón o, dicho de otro modo, las dos son igualmente respetables: la Constitución, el Estado de Derecho, la Monarquía parlamentaria, la democracia liberal, el Estado autonómico, la Unión Europea... todo eso vale lo mismo que el argumento secesionista. El «relator» entroniza la figura de un árbitro por encima de las partes. Por eso mismo, legitima a la Generalidad en rebelión y desautoriza al Estado legítimo. En realidad, es la constatación del fracaso definitivo de los cuarenta años de esfuerzos por aplacar y atraer a los nacionalistas. El Estado se declara en quiebra.

«Los gobiernos de España y Cataluña convinieron en afirmar la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña».

No hay duda que existen diversos puntos de vista sobre Cataluña: desde aquellos que quieren acabar con el Estado de las Autonomías, y por tanto con el autogobierno, hasta los que desean lo mismo, pero por el lado de la secesión. La Constitución los permite todos, porque no es un texto militante. Por eso mismo, la discrepancia y la diferencia de criterios no entraña conflicto mientras los hechos –que no las ideas– no se salgan del cauce constitucional.

Reconocer la existencia de un «conflicto» es precisamente aceptar que la Constitución ha fallado a la hora de encauzar las discrepancias. Se entiende que lo hagan los secesionistas. Que lo haga el Gobierno central resulta asombroso, aunque deja ver bien cuál es el fondo del asunto: una reforma constitucional, fuera del marco legal establecido, que nos conduzca a una nueva Constitución. El Gobierno de Pedro Sánchez asume por tanto los presupuestos y los objetivos de la rebelión secesionista, lo que se ha llamado el «golpe de Estado». El Gobierno de Pedro Sánchez también asume como lícita la violencia ejercida por los secesionistas. Si no, ¿a qué hablar de conflicto?

Espacio de diálogo institucional. Se acuerda en avanzar en el trabajo institucional dentro de la comisión bilateral Estado-Generalitat.

La bilateralidad de las negociaciones significa la demostración de un hecho sobre el que hasta ahora cabía todavía algunas dudas. Y es que el Estado autonómico no tiene más sentido –al menos en la interpretación que le da el Gobierno de Pedro Sánchez– que el de una organización subordinada a la soberanía de Cataluña (y cuando llegue el momento, del País Vasco). Se dinamita así todo el esfuerzo por construir un Estado autonómico –o federal, si se prefiere– y queda reafirmado el significado del «federalismo» tal como lo entiende el PSOE, y sin duda el resto de la izquierda tradicional española: una organización del Estado en la que varias instituciones soberanas (la Generalidad y el Estado, en este caso) negocian como iguales. Por supuesto, en el documento se habla mucho de Cataluña y muy poco de España. En vez de la «Constitución», el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios secesionistas hablan de «seguridad jurídica». No sabemos si cabe más inseguridad de la que abre este documento.