Con mucha luz y mucho ruido

Desde el consejo de guerra de Campamento contra los golpistas del 23-F, que arrancó en febrero de 1982, hace justamente 37 años, no había tenido lugar en España un proceso judicial que levantara tanta expectación como el iniciado el martes en el Tribunal Supremo contra los dirigentes catalanes, encabezados por Oriol Junqueras, acusados de gravísimos delitos contra el orden constitucional. Los doce presuntos delincuentes, nueve hombres y tres mujeres, sentados en bancos corridos tapizados de rojo, han seguido en silencio, con caras inexpresivas, los alegatos formales de sus abogados, que trataban de deslegitimar al alto tribunal cuestionando su imparcialidad, todo según lo previsto. Ayer, los demoledores informes de la acusación les cambiaba la cara y los aplastaba en sus asientos.

Impresionaba en el arranque el solemne marco del salón de plenos, con los siete jueces enfrente. Al fondo, entre el público, se sentaban, como testigos privilegiados, el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y el del Parlament, Roger Torrent, expresando con su presencia su solidaridad con los encausados y con su causa, de la que no se ha desistido. La consigna de los separatistas catalanes, pregonada fuera y dentro de España, es que asistimos a un juicio político y a una demostración visible de la represión del Estado contra Cataluña. No ayuda a desmontar esta vulgar patraña el hecho de que en las sillas de la acusación particular, en el lateral del salón, se sienten los representantes de VOX, la fuerza estigmatizada como de extrema derecha. Así que el ruido político y mediático, bastante ensordecedor, rodea al gran proceso contra el “procés”, mientras en el Congreso de los Diputados, a un tiro de piedra del antiguo convento de las Salesas, sede ahora del Tribunal Supremo, se dilucidaba la suerte de los presupuestos del Estado, de la legislatura y del futuro político de España.

La mañana era luminosa en Madrid. En la Plaza de la Villa de París, frente al alto tribunal, un cordón policial impedía cualquier desbordamiento por parte de pequeños grupos de manifestantes enfrentados y en el cielo daba vueltas un helicóptero de la Policía. De Cataluña llegaba el ruido de los radicales del CDR cortando calles y carreteras y manifestándose ante la sede de la Fiscalía, una breve movida callejera de los estudiantes adictos a la causa y una manifestación de protesta en el centro de Barcelona al anochecer. Los fugados de la Justicia se hacían notar en Bruselas. Puigdemont predicaba en Berlín. Los separatistas catalanes aprovechaban el comienzo del juicio, como estaba previsto, para desacreditar en Europa el sistema democrático y judicial de España y, en determinados medios de comunicación, sobre todo en Gran Bretaña y en Estados Unidos, conseguían más atención y crédito del que merecían. En esto los nacionalistas identitarios han ganado por la mano a la diplomacia española.

Con santa paciencia y con enorme generosidad, los siete magistrados han escuchado atentamente los alegatos y las impertinencias reiteradas de los abogados defensores buscando que el proceso descarrilara antes de empezar. Están pensando en Estrasburgo. Se trata, en este caso, de evitar cualquier apariencia de indefensión. No se juzgan ideas; se juzgan delitos, ha dejado claro el fiscal Zaragoza.

Pocas veces se recuerda un juicio más transparente, más rodeado de claridad. No hay nada que ocultar. Todo se desarrolla a la vista de todos. Cualquier ciudadano puede ver y oír en vivo y en directo lo que ocurre en la sala. No hacen falta observadores de fuera. El pueblo -en las casas, en los bares, en la calle...- es testigo. Dijo don Antonio Maura en un discurso en el Congreso el 9 de marzo de 1906: “La más intolerable de las iniquidades es la de suplantar la justicia por la parcialidad”. Eso no va a ocurrir en este caso. La imparcialidad del tribunal que preside el juez Marchena está, a la vista de todos, garantizada.