López Obrador: de las puertas abiertas a la detención de niños

México vive inmerso en una importante crisis migratoria agravada por una gestión bipolar por parte del Gobierno de López Obrador. Dos imágenes contradictorias ilustran la situación. El 17 de enero los funcionarios de migración recibían con los brazos abiertos a un numeroso grupo de centroamericanos en la frontera con Guatemala y les colocaban una pulsera que les daba permiso a transitar libremente por el país. Apenas tres meses después, agentes del mismo Instituto Nacional de Migración (INM) junto a policías federales detenían en Chiapas a centenares de hondureños, niños incluidos, y entre carreras y forcejeos los obligaban a regresar a las centrales migratorias, para muchos el paso previo a la deportación. ¿A qué se debe un viraje tan radical en solo tres meses?

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México desde el 1 de diciembre, había prometido un trato humanitario para los migrantes a su paso por México. Un plan inédito que incluía permisos de tránsito y de trabajo que se puso en marcha con la gran caravana de migrantes que llegó en enero. Se entregaron 13.000 visas humanitarias en pocos días y se facilitó el paso a lo largo del país. Los migrantes, en su mayoría centroamericanos, gritaban ¡Viva México! agradecidos por el trato de autoridades y población, que les ayudaba con alimentos y transporte en todo tipo de vehículos.

La migración de centroamericanos hacia Estados Unidos a través de México existe desde hace décadas y siempre ha acarreado muchos peligros, agravados por la actuación de las autoridades mexicanas, que históricamente han dificultado el paso y han obligado a los migrantes a viajar en la clandestinidad. Quedaban así más expuestos al crimen organizado y a transportes inseguros como “La Bestia”, el tren de mercancías que cruza de sur a norte en cuyo techo han viajado miles.
La postura de López Obrador, por tanto, ha atraído a muchos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que tratan de escapar de la extrema violencia de las pandillas y de las nulas perspectivas económicas. Hombres y mujeres, familias con niños pequeños, que en su mayoría quieren llegar a Estados Unidos, donde saben que los sueldos son más altos y donde muchos tienen algún familiar.

Brenda Ochoa trabaja en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías que opera en la ciudad de Tapachula, uno de los núcleos de gestión migratoria en México a pocos kilómetros de la frontera sur. Por este lugar pasa parte del flujo migratorio y la activista, en declaraciones a La Razón, pone cifras que ayudan a entender. A lo largo de todo el año 2018 atendieron a 5.500 personas y solo en el primer trimestre de 2019 ya ha pasado por sus instalaciones el mismo número de personas.

Los datos oficiales de la Secretaría de Gobernación (Interior) reflejan también un aumento de detenciones respecto a 2018. El año pasado fueron 44.062 de enero a abril y en el mismo periodo de 2019 aumentaron hasta 51.607 detenidos. Las estadísticas muestran además la tendencia que ha seguido el Gobierno: cada mes más detenciones y más deportaciones. Si en enero apenas devolvieron a 5.585 migrantes, en marzo hubo 9.120 expulsados.

“López Obrador no tuvo en cuenta que su política receptiva tendría como consecuencia un aumento del flujo de migrantes de tal magnitud”, dice Rodolfo Casillas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. Tampoco contempló, según el académico, que el flujo laboral de centroamericanos hacia Estados Unidos se incrementa cada año del mes de enero en adelante, ni tampoco la creciente presencia de migrantes asiáticos y africanos, que ha aumentado notablemente en los últimos años. “El Gobierno mexicano no consideró que esta situación, elevada a niveles que no se habían previsto, iba a dar elementos de ataque a (el presidente estadounidense) Donald Trump”.

El presidente republicano endureció su discurso a medida que las caravanas de migrantes se iban acercando a Estados Unidos y llegó a amenazar con cerrar la frontera si México no detenía a los migrantes. La creciente presión en la frontera norte, la saturación de los albergues, especialmente en el área de Tijuana, y los mensajes antimigrantes de autoridades como el alcalde de esta ciudad, comenzaron a deteriorar la imagen pública que las caravanas habían mantenido hasta el momento. Lo que antes era solidaridad se convirtió en rechazo y manifestaciones xenófobas al grito de “hondureños fuera”.

Fue a partir de entonces cuando las cosas empezaron a cambiar y los procesos de registro y entrega de documentos a migrantes se volvieron más lentos. El motivo es diferente según a quién se pregunte. Para el académico Casillas la saturación de algunas oficinas fue provocada por la propia autoridad para desalentar tanto a los que esperaban un permiso como a los que podrían llegar en el futuro. “El proceso se podría hacer más rápido, con oficinas escalonadas en la franja sur del país y con formularios preestablecidos, pero eso tendría una implicación internacional que México quiere evitar”.

Por el contrario, las fuentes del INM consultadas por este medio reconocen que los plazos se fueron dilatando, pero lo achacan a la dificultad del trabajo sobre el terreno. La caravana que cruzó en enero estaba en un solo punto fronterizo, Ciudad Hidalgo, donde los funcionarios de migración contaban con todos los medios para trabajar, pero más adelante los grupos se fueron separando a varios lugares de Tapachula y Mapastepec, donde tuvieron que improvisar centros de atención, según argumenta una funcionaria. “Los migrantes de las primeras caravanas se apegaron a ese proceso, pero ahora no lo están haciendo, quieren seguir avanzando sin regular su situación”.

La saturación provocó incidentes en una oficina de regulación migratoria en Tapachula, donde inmigrantes cubanos y haitianos generaron destrozos, impacientes por conseguir salvoconductos para cruzar el país. Brenda Ochoa pide no criminalizar a estas personas y entender la situación límite en la que se encuentran, “hacinados, sin espacio, en condiciones insalubres y sin información sobre cuánto tiempo va a tardar el trámite… condiciones en las que se pierde la confianza en la autoridad”, denuncia.

El INM es una institución señalada desde hace años por defensores de derechos humanos como Marta Sánchez Soler, del Movimiento Migrante Mesoamericano, quien denuncia “las mafias históricas que han hecho negocios con el transporte de migrantes” desde el interior del instituto. Tonatiuh Guillén, máximo responsable del organismo desde que López Obrador llegó al poder, ha reconocido la problemática y por el momento ha apartado a 450 trabajadores sospechosos. “No negamos que haya ocurrido pero estamos tomando medidas”, afirman desde el INM.

Según Sánchez Soler, aunque el presidente prometió una política migratoria que respetase los derechos humanos, la realidad le está llevando la contraria. Además de lo que ocurre al interior del INM, lo achaca a la curva de aprendizaje en un tema complejo “que ha incrementado mucho y se ha hecho muy visible con las caravanas”, dice a este diario. También piensa que las presiones de Estados Unidos han sido decisivas en el freno a los migrantes debido a la dependencia económica y la numerosa migración mexicana en ese país; una carta que ha utilizado históricamente para presionar a México.

A pesar de todo, Soler no cree que el Ejecutivo mexicano haya dado un viraje en su política migratoria, sino que aún no ha podido hacer realidad sus promesas de trabajo. “La oferta real de empleo todavía no la estamos viendo y mientras sigue el flujo al norte, pero los migrantes deben percatarse de que ir a Estados Unidos no es la mejor opción y, al menos los que no tienen familia allí, deben aprovechar las oportunidades que México les va a dar”.

El pasado lunes López Obrador finalmente presentó el Plan de Desarrollo para México y Centroamérica preparado por la ONU, que involucra a Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente. Debe ser un punto de inflexión que fije el rumbo de una política migratoria hasta el momento errática.

El plan propuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) busca impulsar un polo de desarrollo en el sur de México y en el triángulo norte de Centroamérica que genere mejores condiciones de vida y frene la salida de población. Más gasto en programas sociales, combate contra la corrupción y mejoras en la seguridad pública. Para López Obrador esta es la mejor estrategia para frenar la migración masiva porque “va al fondo del problema, la gente migra por necesidad, por falta de oportunidades de trabajo o por violencia”.

AMLO aún debe convencer a Donald Trump de que invierta 10.000 millones de dólares en esta iniciativa. Un acuerdo que viene fraguándose desde hace meses aunque todavía debe concretarse. De hecho México ya hizo una concesión mayor en este sentido: accedió meses atrás a que los aspirantes a recibir asilo en Estados Unidos esperasen la resolución del trámite en territorio mexicano, una decisión sin precedentes que muchos en México calificaron de entreguista.

Brenda Ochoa, conocedora de los motivos que empujan a los migrantes a abandonar su casa, advierte de los efectos limitados de este plan si se centra en lo económico y no concentra suficientes esfuerzos en combatir la violencia estructural en la región, no fortalece el sistema político ni el acceso a derechos y garantías. “(En tal caso) no vemos que pueda provocar un giro drástico, las personas van a seguir saliendo de sus países, van a seguir huyendo”.