Opinión

Nicaragua: un polvorín de represión y crisis económica

El régimen represor de Daniel Ortega vive su momento más duro a nivel internacional. Bajo la amenaza de sanciones inminentes, se ha visto obligado a liberar a muchos de los líderes de las protestas que ahora vuelven a las calles para exigir la excarcelación total de los presos políticos y el adelanto de elecciones. Varios de los represaliados relatan a LA RAZÓN el trato vejatorio y las torturas a las que recurren las fuerzas armadas del presidente nicaragüense.

Tomás Maldonado estuvo en tinieblas durante nueve días. Con dos capuchas negras sobre su rostro, lo interrogaban a cada hora. Orinaba, defecaba y hasta comía con los ojos vendados. En una ocasión lo llevaron a la cima de un cerro, donde lo golpearon y apuntaron con una escopeta a su cabeza.

“Ese día pensé que me iban a matar”, declara Tomás Maldonado, un militar retirado de 63 años de edad que formó parte del último grupo de presos políticos liberado por el régimen de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, durante la crisis política que vive el país desde hace ya más de un año, concretamente desde abril de 2018.

“Me golpearon y patearon para después tirarme a una camioneta. Como soy diabético me puse muy grave y casi me muero en la cárcel”, agrega el ahora pastor evangélico, que asegura que fue capturado “por orar en las barricadas por las vidas de los jóvenes asesinados” durante la represión estatal.

Afuera de la casa de Maldonado, en Carazo, a unos 30 kilómetros al suroeste de la capital, Managua, se encuentran dos camionetas de la Policía Nacional. “Ahora que estoy libre todavía me vigilan y acosan a mi famillia a diario”, dice Maldonado.

En las cárceles de Nicaragua, no obstante, todavía permanecen más de 80 presos políticos a los que el Gobierno se ha negado a liberar, a pesar de que el 18 de junio se cumplió el plazo que había firmado con la oposición para liberarlos a todos.

Las liberaciones fue la condición que puso Alianza Cívica, coalición opositora, para regresar al diálogo nacional después de que el 17 mayo se retiraran de la mesa a raíz del asesinato del preso político Eddy Montes por oficiales del sistema penitenciario.

Malos tratos

Amaya Coppens, de 24 años de edad, se convirtió en hipertensa en los 242 días que estuvo como presa política del régimen de Nicaragua. “Jamás en mi vida había padecido de nada. A los dos meses de estar en la cárcel empezé a sentir constantes dolores de cabeza y mareos, y cuando por fin llegó el médico de la cárcel a visitarla, confirmó que tenía la tensión disparada”. “Como única medicación para tratarla -dice- me dieron una aspirina. Tuve que esperar hasta la visita de mis padres para que éstos me pudieran enviar medicamentos”, dice Coppens.

“Nos desnudaban a todas las mujeres juntas y nos exigían que hicieramos sentadillas para burlarse”, agrega.

Irlanda Jerez, de 38 años, fue excarcelada la semana pasada. Ella ha denunciado que los policías de la cárcel abusaron sexualmente de ella. “Me desnudaron y me tomaron fotos. Nos daban botellas con droga para sedarnos”, dijo Jerez.

“Durante los días que estuve en la cárcel me golpearon en siete ocasiones. Una vez me quisieron sacar de la celda para aislarme. Me golpearon con palos y me intimidaron con perros para que me mordieran”, añade.

Edwin Carcache, de 27 años de edad, también denunció el trato al que fue sometido en la prisión. “En la cárcel me golpearon y me pusieron una arma en la cabeza. En una ocasión me enfermé y me inyectaron a través de los barrotes”, comenta Carcache.

Presiones

Óscar René Vargas es fundador del Frente Sandinista y fue compañero guerrillero del actual presidente, Daniel Ortega. Ejerció como diplomático del Gobierno actual hasta que lo despidieron por no seguir la línea del partido y ahora es un crítico del FSLN.

Para Vargas, la liberación de presos políticos está determinada por la combinación de presiones nacionales e internacionales. A nivel nacional el Ejecutivo de Ortega no ha podido dar una solución a la crisis económica porque se rompió el acuerdo con los empresarios y porque los ciudadanos mantienen una desobediencia civil e incluso fiscal que el año pasado llevó a una caída del 4% en el Producto Interno Bruto. Para este 2019 se prevé incluso una caída más dramática.

En segundo lugar, Vargas considera que la presión internacional de Estados Unidos, Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) han obligado a Ortega a ceder, a pesar de que todavía ell país está a la espera del restablecimientos de más libertades.

“La OEA expresa la urgente necesidad de restablecer plenamente las libertades en Nicaragua, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la libre expresión, el derecho de asociación y manifestación, entre otras”, expresó la Secretaría General en un comunicado este jueves 20 de junio.

El martes pasado, Human Rights Watch presentó un informe sobre las violaciones de los derechos humanos que han sufrido los manifestantes nicaragüenses desde el 18 de abril del año pasado e instó a los gobiernos de América y Europa “a aplicar sanciones individuales contra altos funcionarios nicaragüenses”.

De hecho, este mes de junio es clave para desentrañar el futuro político de Nicaragua por una serie de acontecimientos. Este viernes 21 de junio, por ejemplo, se cumple el plazo de 180 días de la aprobación de la Ley Nica Act, en la cual se ordenan sanciones individuales contra funcionarios del Gobierno y la congelación de préstamos en el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). También, entre el 26 y el 28 de junio está prevista la 49 Asamblea General de la OEA para abordar el tema de Nicaragua, donde se contempla la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, lo cual implicaría el cierre de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a Managua.

De este mismo modo, la Unión Europea anunció sanciones si no se consiguen resultados en la mesa de negociación, en temas referidos a la justicia y democracia. Aquí está en juego el acuerdo comercial de Nicaragua con Europa.

En vista de todo lo anterior, al Gobierno nicaragüense le urge reanudar la mesa de negociación con la Alianza Cívica antes de estas fechas para al menos frenar por un tiempo las sanciones internacionales.

Carlos Tünnermann Bernheim, uno de los seis miembros de la Alianza Cívica en la mesa de negociación, asegura que están esperando la liberación de todos los presos políticos para continuar con el diálogo, en el que ahora “el tema crucial será el adelanto de elecciones”.

“El régimen de Ortega ha entrado en una etapa histórica de agonía”, refirió Óscar René Vargas.

“Evitar los fusiles”

A la presión internacional hay que añadir un nuevo escenario de presión local, pues los líderes liberados han salido fortalecidos de la cárcel. “Salgo con más convicción porque no se ha logrado algo con nuestra libertad”, dijo Amaya Coppens al día siguiente de haber sido liberada, mientras mostraba la bandera de Nicaragua. Hasta hace unos meses realizar este acto le hubiera significado el regreso a prisión.

“Nosotros (presos políticos) seguimos firmes. No tememos ir a la cárcel de nuevo. Nosotros tenemos derecho de salir a las calles a protestar, nuestra constitución nos respalda. No nos van a detener, no nos van a amarrar”, dijo Edwin Carcache, también excarcelado.

Por ahora los rebeldes han montado piquetes en las catedrales de Managua y León, en el occidente del país. Ambas acciones fueron reprimidas y reventadas por fanáticos del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) protegidos por la Policía Nacional.

El pasado miércoles, en el aniversario de uno de los rebeldes asesinados, fueron capturados dos manifestantes a la salida de la iglesia donde se llevó a cabo la ceremonia religiosa. De esta misma manera han sido acosados e incluso capturados algunos de los participantes de reuniones de grupos de oposición.

“Tenemos que evitar que se tomen los fusiles”, dijo el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes hace unos días. “Todos sabemos cómo comienzan estos conflictos pero no sabemos cómo terminan”, agregó en referencia al ambiente tenso que se vive en el país. “En Nicaragua nadie quiere un conflicto armado, pero la tentanción es clara: en un momento determinado podemos llegar a eso”.

“Le pido al señor que nunca tomemos las armas para quitarle la vida al otro. Los que tienen las armas, ojalá que las guarden, que las silencien y que entremos al diálogo, que es la única vía para la solución de los problemas”, señaló el religioso.

El excarcelado Tomás Maldonado fue también miembro de FSLN, e incluso diputado en la comunidad donde vive. Sin embargo, a raíz de que solidarizó con las víctimas de la represión fue encarcelado, torturado, saqueado y han tomado represalias contra miembros de su familia, al punto de que las han despedido de instituciones públicas donde trabajaban.

“Por eso creo que la única salida posible de la crisis es la renuncia del presidente Daniel Ortega del cargo o el adelanto de elecciones para que entregue el poder”, declara Maldonado, que sentencia: “La libertad de Nicaragua se logrará aunque se mire difícil porque va a cambiar todo”.