Gasto público y desigualdad

España es uno de los países europeos que presenta una mayor desigualdad en la distribución de la renta. Es verdad que este dato se ve influido por la grave omisión estadística de determinadas rentas en especie que, en el caso de nuestro país, resultan especialmente importantes (muy en particular, el disfrute de una vivienda «gratuita» para todos aquellos que ya cuentan con una casa en propiedad y sin cargas financieras), pero incluso corrigiendo tales sesgos, seguiríamos estando en un tramo medio-alto del ranking europeo de desigualdad de los ingresos. Para muchos políticos de izquierdas, la lucha contra la desigualdad debe ejecutarse incrementando los recursos que maneja el Estado: subiendo los impuestos a los ricos no sólo se consigue empobrecer a los que más tienen, sino también acrecentar los recursos públicos dirigidos a redistribuir la renta. Sin embargo, dicho enfoque no es acertado. Tal como nos ha recordado recientemente la AIReF, hay países con un volumen de gasto público muy superior al español y que son pésimos a la hora de reducir los diferenciales en la distribución de la renta: por ejemplo, Italia. El país mediterráneo cuenta con un tamaño mayor que el español (su gasto público es 10 puntos del PIB superior al nuestro, esto es, gastan el equivalente a 120.000 millones de euros más) y, no obstante, la eficacia de sus políticas para minorar las desigualdades es nula. De ahí que, según la AIReF, mucho más importante que aumentar el gasto público sea mejorar la eficiencia de los desembolsos estatales actualmente existentes. Hay mucho margen, de acuerdo con este organismo, para que reduzcamos sustancialmente la desigualdad tan sólo con un mejor diseño del llamado «gasto social». Pero permítanme que, al menos en parte, corrija o complemente los comentarios efectuados por la AIReF: no porque discrepe con la proposición de que contamos con un enorme margen para rediseñar las partidas de gasto actuales, sino porque hay dos políticas que, sin implicar gasto público alguno, contribuirían a reducir muy significativamente la desigualdad. Me refiero a las políticas laborales y urbanísticas. Por un lado, recordemos que el 80% del aumento de la desigualdad que ha experimentado la economía española durante la crisis fue debido a la destrucción de empleo: si contáramos con un mercado laboral más inclusivo –que contribuyera a crear mucho más empleo de calidad–, entonces seríamos capaces de reducir la desigualdad respecto a nuestros niveles presentes. Por otro, recordemos también que, de acuerdo con la OCDE, una de las principales causas del estrangulamiento financiero de las clases medias –y, en suma, de la decreciente movilidad social dentro de nuestras economías–es el progresivo encarecimiento de la vivienda: un fenómeno que deriva de la restricción artificial de la oferta de suelo por parte de las administraciones públicas, así como de una legislación que encarece cada vez más el proceso de construcción. Con más libertad en el mercado laboral y en el inmobiliario conseguiríamos reducir nuestros niveles de desigualdad sin necesidad de gastar un solo euro en ello.