El problema laboral de España no son los sueldos

El sueldo más frecuente en España en 2017 era de 17.482 euros anuales, es decir, 1.456 euros mensuales. El sueldo medio ascendía, a su vez, a 23.646 euros anuales, es decir, 1.970 euros mensuales. Y si sólo calculáramos las ganancias medias de aquellos que trabajan a jornada completa, el sueldo medio habría sido de 27.348 euros anuales, es decir, 2.279 euros mensuales. Por comunidades, las regiones con unos más elevados salarios medios (a jornada completa y parcial) son Navarra (26.329 euros), Madrid (27.089 euros) y País Vasco (28.204 euros).

Los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística deberían empujarnos a una primera reflexión: el famoso «mileurista» no es el fenómeno más común del mercado laboral español. El 62% de los trabajadores a tiempo completo ingresa más de 1.650 euros mensuales, y el 31%, más de 2.475 euros mensuales. Y aun cuando ampliáramos el foco al conjunto de los trabajadores
–incluyendo a aquellos con jornadas a tiempo parcial–, el 50% de todos ellos ingresaría más de 1.650 euros mensuales (y el 25%, más de 2.475). No se trata «per sé» de que la economía española abone malos salarios, sino de que sigue habiendo una importante masa de trabajadores en condiciones laborales de alta precariedad (contratos temporales) que no consiguen mantenerse empleados permanentemente a lo largo de todo el año y que, en consecuencia, no acumulan la aceptable remuneración anual de quien sí está doce meses trabajando a jornada completa. Por supuesto, tal drama no es achacable a esos trabajadores que encadenan el desempleo con contratos temporales, sino a una deficiente legislación laboral que establece unas elevadísimas barreras de entrada a los hiperblindados contratos de duración indefinida –y, por cierto, la reforma laboral del PP no tiene nada que ver con ello; si acaso ha contribuido a facilitar ligeramente la contratación indefinida–. Pero, a su vez, los anteriores datos también deberían empujarnos a efectuar una segunda reflexión sobre nuestros niveles salariales. Recordemos que tales guarismos se corresponden con salarios brutos antes de cotizaciones sociales a cargo del empresario. O dicho con otras palabras, el coste que un empresario está asumiendo al contratar a un trabajador es muy superior a los números que hemos reflejado en el primer párrafo del presente artículo. A la postre, la cotización empresarial es del 29,9%, de modo que las remuneraciones que realmente podrían conseguir los españoles –en caso de que la Seguridad Social no metiera el cazo en sus sueldos– serían muy superiores.

En particular, el sueldo más frecuente pasaría de 17.482 euros anuales a 22.709 euros (casi 1.900 euros mensuales). Un salario equivalente al medio actual de 23.646 euros anuales subiría hasta los 30.716 euros (2.560 euros mensuales); y en regiones como Madrid, aquel que cobrara como la media regional actual de 27.089 euros anuales, empezaría a embolsarse 35.188 euros (2.932 euros mensuales). No se trata, pues, de que los costes salariales sean muy bajos en España, sino de que el sector público se apropia de un elevado porcentaje de los mismos.

En definitiva, cuando los políticos hablen sobre la necesidad de incrementar los sueldos de los españoles, deberíamos recordarles que tienen dos estrategias a su disposición para lograrlo: la primera, una profunda liberalización del mercado de trabajo que permita que más trabajadores disfruten de empleo más estable –y, por tanto, de sueldos anuales completos; la segunda, una enérgica reducción de la carga tributaria sufrida por los ciudadanos. Todo apunta, sin embargo, a que continuarán descargando toda la responsabilidad sobre los hombros de los empresarios.