Opinión

Homenajes a etarras

Los homenajes a Zabaleta y Ugarte, etarras recién excarcelados tras más de dos décadas en prisión, han armado revuelo. Como si estos hechos, deleznables para cualquier demócrata, no fueran moneda corriente en el País Vasco durante los últimos años. Desde 2017, según la cuenta que lleva Covite, van ya 128; más o menos uno por semana. Los biempensantes como el lehendakari Urkullu o los líderes socialistas hablan de este asunto como si se tratara de un problema moral, vaciándolo así de todo su contenido político y, de paso, se sacuden así la responsabilidad de hacer negocios con los albaceas de ETA que anidan en Bildu. Por eso hay que recordar los dos aspectos esenciales en los que ese contenido político se expresa.

El primero concierne enteramente a los mencionados albaceas. Bildu es ahora la marca política del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), de eso que se suele denominar «izquierda abertzale» para resumir. La pertenencia al MLNV no es el resultado de una vinculación orgánica, sino de una adhesión incondicional a lo que los teóricos del movimiento denominan el «hecho fundacional»; es decir, la aceptación de la fundación de ETA el 31 de julio de 1959 como el acontecimiento que instituye y da significado a la lucha revolucionaria por la independencia y el socialismo en Euskadi. Por tal motivo, ahora que ETA ha cesado en su actividad, los bildutarras necesitan legitimarse ante el pueblo abertzale, homenajeando a los presos que salen de prisión, pues es así como pueden reafirmar que el hecho fundacional sigue vigente.

Y el segundo debe atribuirse a la judicatura española que, adaptándose a los tiempos nuevos en los que ETA ya no mata, han ido vaciando de contenido doctrinal el delito de enaltecimiento del terrorismo en una doble dirección. Por una parte, han sucumbido al sentimentalismo o al moralismo, señalando que si no hay una víctima concreta que se sienta agraviada –como si tuviera que reclamar venganza y no justicia–, no hay delito. Y por otra, haciendo de él un mero instrumento, de manera que si no se puede vincular un acto específico de terrorismo a un enaltecimiento concreto, tampoco hay delito. Ya se ve que, para los jueces, las víctimas son una molestia, sobre todo si éstas se empeñan en señalar que no lo fueron por una culpa, sino que se les señaló por cuenta del conjunto de la sociedad española. Tal es su significado político. Pero si éste se diluye –y los jueces hacen ese trabajo con entusiasmo– entonces los políticos que deciden ascensos y prebendas se encuentran con las manos libres para trasegarse apoyos oportunistas de los albaceas del terrorismo.