Cataluña, desórdenes públicos

En un día glorioso, con buena parte de los catalanes ajenos a las charlotadas neofascistas de la Diada, los Mossos d’Esquadra identificaron y registraron a unos ciudadanos por pinchar el himno de España durante la ofrenda a Rafael de Casanova. Son los mismos que abandonaron a policías y guardias civiles el 1-O, los que permiten las actuaciones de Arran y los CDR, los que no saben no contestan cuando estos boicotean actos de Sociedad Civil Catalana, los que molieron a palos a quienes ocupaban plaza Catalunya el 15-M, los que nunca están cuando aparecen sacos con bosta a la puerta de los juzgados o mensajes mafiosos en el domicilio de jueces, profesores y periodistas, los mismos que identifican y amedrentan a quienes limpian las excrecencias amarillas de la vía pública. El otro día fue distinto. Sonaba la Marcha Real y tenían que salvar la honra del señorito Torra. Acusan a los pinchadiscos de «desórdenes públicos». Su proceder recuerda al de una policía política. Le pregunto si exagero a Rafael Arenas García, catedrático de Derecho internacional privado en la Autónoma de Barcelona. Me responde que «podemos hablar de policía política porque actúa de manera diferente en función de la adscripción política de agresores y víctimas. Si es un ataque a los constitucionalistas, deja hacer; si se trata de una protesta contra los nacionalistas actúa con contundencia, incluso en casos en los que no se ha cometido delito alguno». Para mí que las actuaciones de este cuerpo reclaman su disolución. El Estado de Derecho no puede tolerar que quienes reclaman para sí el monopolio de la violencia legítima actúen al servicio de un poder político determinado. En España la policía autonómica de Cataluña seguirá con su lamentable proceder porque el depauperado ecosistema político, la degradación del debate público y el interés de zapa de los nacionalistas aconseja amortizar sus tropelías y enmascarar el cachondeo. Si un presunto ladrón y evidente racista como Pujol fue el hombre necesario, si el Manifiesto de los 2.300 recibió trato de residuo radiactivo y la depuración de miles maestros fue recibida como un caso de normalización lingüística, y si el Estado debía responder con mimos a la agresión sistémica de 2017, qué van a decir ahora la mayoría de nuestros políticos excepto callar como putas (y putos, y putes) mientras saltan por los aires los contrapesos que salvaguardan las libertades.