Papeletas a domicilio

Convocada la repetición electoral, arrecian las protestas por el envío de las papeletas de los partidos al domicilio de los electores. Y medio millón, pocos, se ha dado de baja de este servicio. Puntualicemos porque sólo llegan los sobres de algunos partidos –catorce en 2016, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas– y no de todos los que se presentan –que, en ese año, fueron 51–. La razón es muy simple: el Estado sólo asume el coste de aquellas candidaturas que logran formar grupo parlamentario, y eso está al alcance de unos pocos. No extraña, por ello, que la mayor parte de las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones ni siquiera sueñen con colocar sus papeletas en el buzón de los ciudadanos. Y tampoco sorprenden las marrullerías parlamentarias que, cada vez que se forma un nuevo Congreso, tienen lugar en la Carrera de San Jerónimo para crear grupos espurios de duración limitada –sólo unos pocos días– a fin de trincar la subvención.

Los promotores del boicot a los envíos electorales, aparte de su hartazgo, argumentan que cuestan mucho dinero; y ahí se estanca la discusión. Pero lo relevante no es, creo yo, eso, pues al fin y al cabo los menos de veinte millones que cuesta la operación no son gran cosa. Lo importante de verdad son los efectos discriminatorios que tienen esos dineros al concentrarse sobre unas pocas candidaturas, pues la exigencia de grupo parlamentario actúa como una barrera de entrada al mercado político para muchos de los que aspiran al escaño. Además, el uso de esos envíos no es homogéneo. En 2016, por ejemplo, los que los emplearon con más intensidad fueron los nacionalistas, con un coste de 63.600 euros por diputado electo –y curiosamente fue EH Bildu, con 145.000 euros/diputado, la candidatura más onerosa–. Las cifras de los demás son: 60.900 euros para los socialistas –donde el PSC se llevó la palma con 114.300–, 56.000 para el centro-derecha –en cuyo ámbito Ciudadanos se gastó 108.400 por diputado– y 39.900 para la extrema izquierda –con Compromís (57.800 euros) en el liderazgo–. Así que hay una cierta relación inversa entre el gasto que realiza cada partido y su rendimiento electoral.

Además, las papeletas domiciliadas sirven de excusa –según relatan los informes de la OSCE– para que no se aborde el problema del deficiente secreto del voto que tenemos en España. Como la papeleta se lleva de casa, dicen los partidos beneficiados, no hace falta obligar el empleo de las cabinas a los electores. Y en eso estamos otra vez: con discriminación y sin secreto del voto. Resignémonos porque nada cambia.