La Justicia italiana abre una grieta en la lucha contra los líderes de la mafia

Ismael Monzón. Roma
Giovanni Falcone no tuvo tiempo para ver el arsenal legislativo que se puso en marcha para combatir a la mafia. Poco después de que en 1992 fuera asesinado el juez que se convirtió en símbolo contra la criminalidad organizada, se aprobaron en Italia una serie de disposiciones que endurecían las leyes hasta entonces vigentes. Se creó el famoso 41-bis, que aislaba a los mafiosos en las cárceles, y se renovaron otras normas que imposibilitaban la reinserción de estos criminales con delitos de sangre. Estos mecanismos han sido la mejor arma del Estado para afrontar este fenómeno y se ha convertido en una de las pocas cuestiones en las que todo el aparato institucional coincidía. Al menos hasta ahora, porque una sentencia del Tribunal Constitucional ha roto ese consenso.
Hace un par de semanas, el TC emitió un comunicado en el que afirmó que el artículo 4 bis del Ordenamiento Penitenciario, que impide la reducción de penas a los mafiosos que renuncian a colaborar con la Justicia, es inconstitucional porque “ignora que el condenado tenga derecho a su participación en un camino reeducativo”. El Constitucional establece que los magistrados deberán decidir caso por caso con cada uno de los reclusos y resta poder de decisión a la Fiscalía Antimafia, que hasta ahora tenía la última palabra. Se trata de un tema muy espinoso, como demuestra la votación, que se aprobó por ocho votos contra siete. De momento sólo se ha publicado un escueto comunicado. La sentencia debe ser emitida próximamente, pero ya ha despertado un encendido debate en el ámbito político y judicial.
Uno de los más duros ha sido Nino Di Matteo, miembro del Consejo Superior de la Magistratura y una de las voces más reconocidas en Italia en la lucha contra la mafia. El magistrado recordó en una entrevista en televisión que “la cadena perpetua es la única pena que verdaderamente sirve para disuadir a los jefes de la mafia”. El experto espera que los jueces impongan “condiciones muy severas” para que estos puedan acogerse a una reducción de la pena, porque “no puede bastar únicamente con la buena conducta”. Otra de las preocupaciones de Di Matteo, que fue uno de los fiscales en el gran juicio por la negociación entre el Estado y la mafia, es que “los jueces puedan recibir presiones sobre el territorio” para conceder beneficios penitenciarios a los mafiosos.
Buena parte de la magistratura coincide con este argumentario, sobre todo los fiscales antimafia, que ven cómo sus esfuerzos de todos estos años se ven amenazados. Sin embargo, los constitucionalistas -que también discrepan entre ellos- han adoptado por lo general una postura más garantista. Uno de los más respetados entre sus colegas es Valerio Onida, ex presidente del TC, que ha escrito recientemente en “Il Corriere della Sera” que “el principio por el que no se puede admitir la cadena perpetua sin posibilidad de reducción no queda sólo sancionado por la Constitución, sino por las convenciones internacionales que Italia ha firmado”. Por un lado, justifica que esto supondría asumir que los mafiosos son “irrecuperables” para la sociedad, lo que contradice la Carta Magna; y, por otro, implicaría admitir que “la mafia se puede combatir superando los límites del poder del Estado”, lo que abriría la puerta también a la tortura o la pena de muerte.

Actualmente hay cerca de un millar de criminales en las cárceles italianas en estas circunstancias. La inmensa mayoría llevan presos desde hace más de 20 años y entre ellos no solo hay mafiosos, sino terroristas o traficantes de seres humanos. Los nombres más buscados, sin embargo, son los líderes de los clanes acusados de múltiples homicidios. Entre los más célebres están Leoluca Bagarella, jefe de los Corleonesi y cuñado del mítico Totò Riina, capo de la Cosa Nostra; Giovanni Riina, hijo de este último; o Francesco Schiavone, asociado a la Camorra por la familia de los Casalesi. Schiavone, más conocido como Shandokan, fue precisamente quien recurrió a la Corte Europea de Derechos Humanos una mayor flexibilidad en el régimen penitenciario.
Y es que la decisión del TC italiano se produjo poco después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitiera una resolución muy dura contra Italia en la que pedía que el país reformara su legislación sobre la cadena perpetua.

La Corte de Estrasburgo considera que la “no colaboración con la Justicia no implica necesariamente que el condenado no se haya arrepentido, que siga en contacto con asociaciones criminales o que represente un peligro para la sociedad”. El tribunal se había expresado ya en esta línea en otras ocasiones y su decisión no es vinculante, pero sí que condicionó la actuación de los jueces italianos.
Steffano Ceccanti, constitucionalista y diputado del Partido Democrático (PD), considera que “la magistratura estaba ante una situación muy delicada, ya que el Tribunal de DDHH de Estrasburgo había adoptado una posición muy garantista con el reo, por lo que finalmente el TC italiano parece que ha tendido hacia una visión más equilibrada, otorgando a los jueces la potestad de decidir”. Ceccanti prefiere no valorar la decisión del Constitucional desde el punto de vista jurídico, pero como diputado sí que defiende que “el Parlamento debe interpretar la sentencia desde un punto de vista muy riguroso y seguir legislando de forma dura para que no parezca que el Estado cede ante la mafia”.
Porque desde la política, ningún partido está dispuesto a defender una posición que puede interpretarse así, como un retroceso en la severidad mostrada contra el crimen organizado en las últimas tres décadas. Prácticamente todo el arco parlamentario se ha opuesto a las consideraciones del TC, aunque con matices. El más duro ha sido el Movimiento 5 Estrellas (M5E), que siempre ha llevado la honestidad como bandera. “Se dice que el régimen actual viola algunos derechos fundamentales de la persona, pero esos no son personas, son animales que han matado y han arrojado ácido contra los niños”, manifestó su líder, Luigi Di Maio. El presidente de la comisión parlamentaria antimafia, Nicola Morra, también del M5E, ha sido otro de quienes se han opuesto con firmeza a la resolución del TC, al afirmar que “se olvida la sangre derramada por todas las víctimas de la mafia”.
Más ponderada es la postura del PD, sus socios de Gobierno, a quienes tampoco les convence la resolución, pero mantienen las formas, por aquello del respeto a la Justicia. “Me parece una sentencia un poco extravagante”, dijo el secretario general del PD, Luigi Zingaretti. El líder de la Liga, Matteo Salvini, la consideró “desapropiada”, aunque anunció que intentarán “desmontarla con todos los medios legales posibles”. Y curiosamente, el único referente político que se ha pronunciado a favor ha sido Silvio Berlusconi, con un largo historial judicial, que opina que el Constitucional actúa “en la dirección adecuada”.
Organizaciones sociales que se ocupan de los derechos de los reclusos sí que se han mostrado satisfechas con la nueva deriva. Una de ellas es Nessuno tocchi Caino (que nadie toque a Caín), que lleva desde hace décadas pidiendo la abolición de la pena de muerte en el mundo, entre otras medidas. Su abogada Elisabetta Zamparutti opina que “la decisión de la Corte Constitucional es un primer paso en la afirmación del derecho a la esperanza y desmonta el mito de la colaboración como único criterio para valorar la reinserción en la sociedad”. Su organización ha asumido esta causa desde hace años, reclamando garantías para los mafiosos encarcelados.
Hubo un tiempo en el que estos brindaban con champán en las prisiones, recibían visitas casi sin vigilancia y seguían liderando los clanes desde su encierro. Eso se acabó con el 41-bis, que los recluyó en celdas de 3m2 y les privó incluso del contacto con la prensa diaria. “La resolución del Constitucional no afecta a las rígidas condiciones del 41-bis, pero desde la política y la judicatura muchos temen que la posibilidad de la reducción de las penas vaya más allá”, apunta Steffano Ceccanti. Hasta el momento, ésta es una línea roja que nadie ha osado tocar. Pero también lo era que para obtener beneficios penales fuera necesario colaborar con la Justicia, como hizo Tommaso Buscetta, el primer arrepentido de la Cosa Nostra. Sus confesiones le sirvieron al juez Falcone para sentar en el banquillo a decenas de mafiosos. Pero tampoco sobrevivió para ver cómo algunos de ellos pasaban su vida entre rejas, sin posibilidad de revertir la situación.