Una mesa antidemocrática con ERC

Cuando el pasado 12 de noviembre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaron con todo el histrionismo que ambos son capaces de desplegar su preacuerdo para un Gobierno de Coalición, se ahorraron el engorro –no se permitieron preguntas– de explicar cómo iban a sumar los votos suficientes para asegurar la investidura del candidato socialista. No era una cosa menor, teniendo en cuenta que esa aritmética es imposible si no se suma –aunque sea con la abstención– a los independentistas catalanes. Especialmente, los 13 escaños de ERC. Es lógico que el partido de Oriol Junqueras ponga sus condiciones, sobre todo si se tiene en cuenta que su líder está cumpliendo condena por sedición tras la declaración de independencia del 27-O. No es un detalle menor para entender las condiciones leoninas –aunque sibilinas– que pueden poner los independentistas. PSOE y UP no tardaron en anunciar el acuerdo y obviaron el principal punto de discordia entre ambos –al margen de los sillones que ocuparán en el Consejo de Ministros–, pues Iglesias siempre entendió que ERC era un aliado natural en su estrategia contra el «régimen del 78». Una muestra: ayer Podemos apoyó un acto contra la Monarquía. UP siempre ha sido favorable a la llamada «mesa de partidos» y ésta vuelve a ser el centro para cualquier negociación de los independentistas.

El «proceso» ha construido un vocabulario en el que el significado de las palabras es ambivalente, depende de quién las utilice: «diálogo» es siempre negociar sobre las condiciones para celebrar un referéndum de autodeterminación. La idea de «mesa de partidos» aparece por primera vez en la llamada Declaración de Pedralbes, del 20 de diciembre de 2018, que acordaron Sánchez y Torra. No hay margen a dudas de su objetivo: «Consensuar una propuesta política y democrática», que ya sabemos que, siguiendo el mismo esquema de manipulación de lenguaje tan común en el nacionalismo, quiere decir aceptar la «voluntad popular» expresada en una consulta, obviamente democrática aunque sea ilegal. Este tipo de foro paralelo no es el lugar donde abordar asuntos centrales para la organización territorial del Estado, que, a su vez, afectarán, a la parte central de la Constitución. En marzo de 2006 el entonces lendakari Ibarreche también propuso una mesa de partidos tras el anunció de ETA de un «alto el fuego permanente», que, como se recordarán, luego no se cumplió. Es en el Parlamento donde se deben abordar los asuntos fundamentales del Estado, pero el independentismo ha preferido suplir la sede de la soberanía popular por la voluntad del pueblo expresada en las calles.

El Parlament de Cataluña ha dedicado exclusivamente las dos últimas legislaturas a aprobar leyes para preparar la desconexión con el Estado, la mayoría de ellas recurridas y anuladas por el Tribunal Constitucional. La oposición no ha sido tenida en cuenta y no ha habido más objetivo por parte de la mayoría independentista que la de aislar a los partidos no nacionalistas, los mismos que ahora quieren ser convocados a una Mesa de la que se desconoce cuál es su función. El objetivo es volver a la Declaración de Pedralbes, lo que supone retroceder hasta un encuentro que no se tenía que haber producido, sobre todo viendo las consecuencias que tuvo: la radicalización hasta extremos inaceptables por parte de Torra e incitar a la violencia. JxCat ha propuesto que su representante en la Mesa sea Puigdemont. Sobran las palabras. Es ERC la que quiere abrir de nuevo esta vía, pero sin que sepamos sobre qué en concreto se va a negociar. La vía elegida por Sánchez para su investidura obliga a que los de Junqueras se abstengan, pero se ignora bajo qué condiciones. Pero hay algo que afecta al prestigio de cualquier Estado democrático: el PSOE debe negociar con un partido cuyo líder está en la cárcel por un delito contra el mismo Estado democrático.