Sólo el Rey puede abrir la investidura

Su Majestad el Rey comenzará la preceptiva ronda de consultas con los portavoces parlamentarios el próximo día 10 de diciembre, una semana después de que se constituyan las nuevas Cortes, lo que parece un plazo razonable que no sólo salva la festividad de la Constitución, sino que concede tiempo más que suficiente al candidato socialista para presentar a Don Felipe VI una opción de Gobierno que cuente con los apoyos necesarios.

Más allá del aspecto formal que supone el cumplimiento del artículo 99 de la Constitución, la intervención del Jefe del Estado en la conformación del Poder Ejecutivo tiene un profundo significado político, por cuanto la propuesta que hace el Rey, a través del presidente del Congreso, de un candidato a la presidencia del Gobierno se entiende precedida por la opinión expresada de los representantes electos de la soberanía nacional, que es el fundamento del sistema de Monarquía parlamentaria, por más que la actitud de algunos de nuestros dirigentes políticos haga creer que nos hallamos ante un mero trámite protocolario. Ciertamente, si el Rey, como es el caso, debe atenerse estrictamente a su papel constitucional, lo menos que se puede pedir a los portavoces parlamentarios y, especialmente, al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es que no utilicen el proceso de consulta previa como palanca de negociación.

Es decir, que la aceptación del encargo por parte del Jefe del Estado de presentarse a la investidura de la Cámara tenga el suficiente respaldo y no quede reducido, como en el pasado más reciente, a un mero mecanismo de poner en marcha el calendario de cara a la repetición electoral. En este sentido, no le falta razón al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, cuando denuncia la precipitación con que el Gobierno en funciones hizo públicas fechas y anunció posibles pactos políticos mientras don Felipe se encontraba en viaje de Estado a La Habana, en un claro menosprecio al fondo y la forma de lo que establece el ya citado artículo 99 de la Constitución, como si el papel del Rey fuera un enojoso trámite que cumplimentar.

Desde este punto de vista se entienden mejor algunos silencios de los partidos del centro derecha sobre el proceso de negociación en marcha y sus posibles alternativas. Aunque no es preceptivo, aguardar a que finalice la ronda de consultas de Su Majestad para mover la siguiente ficha no parece una mala estrategia, sino todo lo contrario. Porque el procedimiento de consultas no limita los tiempos de negociación, una vez que corresponde al candidato propuesto y a la presidencia de las Cortes la elección de la fecha del debate de investidura, con cuya primera votación se pone en marcha el reloj. Es decir, que hay tiempo más que sobrado para que los distintos grupos políticos, que ya han expresado su posición al Rey, aborden ulteriores negociaciones si, como es probable, el candidato socialista no tiene realmente comprometidos los apoyos.

Con el problema añadido, resultado del palmario desprecio hacia la democracia española de algunos de sus actores políticos, de que los separatistas de ERC no acudirán a las consultas con el Jefe del Estado, pese a que Pedro Sánchez fía su suerte en esos diputados, siempre prestos a desprestigiar a la Corona, aunque, en realidad, se retraten ellos mismos. Aunque es previsible que tampoco acudan ni Bildu –lo que no deja de ser un alivio estético y moral para todos los españoles de bien– ni las CUP, las consultas de Su Majestad pueden alargarse un día más de lo habitual, hasta tres jornadas, dada la cada vez mayor atomización de las Cortes, que en esta legislatura da cuenta de 21 partidos distintos. A todos ellos, sin distinciones, atenderá y escuchará el Rey, que es grandeza de nuestra Monarquía parlamentaria.