ERC deja en evidencia a Sánchez

Como era de esperar, ERC no sólo ha enfriado las expectativas socialistas de un acuerdo rápido para la investidura de Pedro Sánchez, que se pretendía para antes de Navidad, sino que ha puesto sobre la mesa ese elefante que algunos parecen no querer ver: la inasumible demanda de la autodeterminación de Cataluña. Lo dijo ayer sin ambages el vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de la Esquerra, Pere Aragonés, al señalar que el denominado «conflicto político» trata, evidentemente, de la supuesta soberanía de Cataluña, del derecho a decidir su propio futuro, cuestión que no puede abordarse por los cauces constitucionales establecidos ni admite soluciones de compromiso como las transferencias competenciales o la mejora de la financiación.

A partir de ahí, ERC no tiene ninguna prisa en concluir unas negociaciones que, a priori, no pueden traer ningún cambio fundamental para las aspiraciones de los separatistas catalanes, de lo que deberían ser plenamente conscientes. En realidad, Pere Aragonés sólo reformulaba, más alambicadamente, el precio ofrecido por el portavoz de ERC en la Cámara autonómica, Sergi Sabriá, a cambio de mantener en La Moncloa a Pedro Sánchez: «amnistía y autodeterminación». Y todo ello, mediante el compromiso de una mesa negociadora bilateral, que acabaría con las firmas en pie de igualdad del presidente del Gobierno de España y el de la Generalitat.

Ni qué decir tiene que la proposición de ERC es inaceptable desde cualquier punto de vista, pero, esencialmente, desde el ordenamiento constitucional de la democracia española. En estas condiciones, mantener una negociación condenada al fracaso, pero que, a la postre, siempre beneficiaría a un partido nacionalista que no sólo tiene en su mano la investidura, sino la aprobación de los Presupuestos Generales, es un grave error político, más aún, cuando los dirigentes de la Esquerra ya han admitido paladinamente que entre sus funciones no se encuentra procurar la gobernabilidad de España, sino avanzar en el proceso soberanista.

La respuesta que dio ayer el presidente del Gobierno en funciones a la evidencia de que los separatistas catalanes tienen su propia agenda fue una de los más clásicas de su repertorio: que el desbloqueo político es responsabilidad de todos los partidos, verdad de perogrullo, que, sin embargo, obvia la esencial responsabilidad de quien aspira a conformar un Gobierno. Lo planteó, también ayer, Inés Arrimadas, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos y, con toda probabilidad, la futura líder de la formación naranja, al solicitar epistolarmente a Pedro Sánchez una reunión a tres –PSOE, PP y Ciudadanos– que abra la vía a un Gobierno constitucionalista de concentración o, al menos, un acuerdo de legislatura que permita la abstención del Partido Popular. La solución, como venimos sosteniendo, no es sencilla, pero es perfectamente factible si se cumple la condición ineludible de que el candidato socialista se avenga a un compromiso formal con el líder popular, Pablo Casado, que pueda ser comprendido y aceptado por sus votantes. Entre las ventajas, que se elimina de la ecuación a los nacionalistas y la extrema izquierda de Unidas Podemos, y entre las desventajas, el coste electoral que asumiría cada uno de los partidos comprometidos, cuya cuantificación es compleja.

Lo que no puede pretender Sánchez es la abstención gratuita del PP, aunque sólo sea porque en el programa del previsto Gobierno social-comunista figuran una batería de medidas populistas de izquierdas que ni Pablo Casado ni Inés Arrimadas ni siquiera la derecha conservadora vasca –en la definición que ha dado el propio Pedro Sánchez del PNV– pueden dar por válidas. El desbloqueo, sí, es responsabilidad de todos, pero mucho más del candidato.