¿Prevaricación en el Constitucional?

Desde hace años he venido sosteniendo en distintos foros y en público que la ley de violencia de género española constituye un pavoroso e inicuo disparate. Como en el código de Hammurabi del segundo milenio a. de C. o en las leyes medievales , las penas son distintas según el segmento social al que se pertenezca. De hecho, al imponer castigos diferentes por el mismo delito a hombres y a mujeres quebranta el principio de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 14 de la constitución vigente. Precisamente por ello, no he logrado salir de mi pasmo en los últimos días tras contemplar un video en el que interviene el político socialista Alfonso Guerra con ocasión de un encuentro en las oficinas de la firma internacional de abogados Ashurst el 19 de noviembre. En este documento indispensable, Alfonso Guerra afirma que se reunió con el presidente del Tribunal constitucional y que éste le dijo que el organismo que presidía declararía inconstitucional la citada ley. No fue así y cuando Guerra le pidió explicaciones por haber declarado constitucional una ley que descaradamente no lo era, el presidente del tribunal le dijo: «¿Tu sabes la presión que teníamos? ¿Cómo podíamos soportar esa presión?». El testimonio de Alfonso Guerra –del que no veo razón alguna para dudar– resulta aterradoramente sobrecogedor. La ley de violencia de género fue aprobada por el congreso por unanimidad. Es cierto que treinta diputados se ausentaron para no votarla incluidos el propio Guerra con otros dos socialistas y diecisiete miembros del PP así como algunos de otras formaciones. Sin embargo, ni uno se atrevió a enfrentarse con aquel proyecto criminal y liberticida. Habríase esperado que el Tribunal Constitucional defendiera la constitución, pero la realidad es que, según Guerra, cedió ante las presiones porque, al parecer, es más fácil bajarse las togas ante el poder político que cumplir con el deber. Que la ideología de género es una monstruosidad me parece que no admite discusión. Que se impone además por los medios más sucios lo sabe cualquiera que, como quien esto escribe, ha viajado por el mundo y conoce países a los que se presiona con la deuda o con la renovación de créditos para que aprueben el matrimonio homosexual o el aborto. Al parecer, los impulsores de una ideología tan totalitaria saben también cómo arrastrar a la prevaricación a un tribunal constitucional.