Vigencia absoluta de la Constitución

Frente a la cantinela de los grupos antisistema que afirma que la Constitución española no ha sido votada por la población actual, se ha quedado antigua ante las nuevas realidades sociales o fue impuesta por poderes fácticos de dudosa identificación, lo cierto es que nuestra Carta Magna no sólo sigue perfectamente vigente para la gran mayoría de la población, sino que su punto, en principio, más controvertido, como es el modelo territorial del Estado, mantiene un enorme respaldo, incluso, entre las generaciones nacidas después del seis de diciembre de 1978.

Esta realidad, palpable, por otra parte, en la vida cotidiana de la Nación, es la que refleja la encuesta de «NC Report», elaborada para LA RAZÓN, que hoy publicamos. Como hemos señalado, el 66 por ciento de los consultados considera vigente la Constitución, el 69, 8 por ciento no la reformaría para sustituir el modelo de las autonomías por uno de corte federal, y el 73,6 por ciento rechaza que la Carta Magna deba reconocer a España como un Estado plurinacional, en el que Cataluña pudiera considerarse nación. Por supuesto, sólo un poco más de la mitad de los españoles –el 54,7 por ciento– cree que el modelo autonómico funciona, pero la mayoría no pone en duda su legitimidad. Dado que el trabajo de campo de la consulta se ha llevado a cabo entre el 13 y el 15 de noviembre, cuando la opinión pública ya sabía de la voluntad del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de llegar a un acuerdo de investidura con los separatistas catalanes, es muy significativa la percepción ciudadana sobre el límite –las líneas rojas, se dice ahora– de cualquier negociación con ERC.

Así, el 77,4 por ciento de los encuestados, es decir, una mayoría plebiscitaria, se opone a modificar la Constitución para autorizar un referéndum en Cataluña, y el 73,6 por ciento también rechaza un nuevo Estatuto de Autonomía parea Cataluña con más competencias. Por lo tanto, así como los ciudadanos no ven mayor peligro para la democracia en un gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos –sólo el 32,1 por ciento cree que gobernar con Pablo Iglesias podría desestabilizar el sistema democrático actual– si se muestran claramente contrarios ante cualquier cesión que ponga en riesgo la unidad de la Nación, un hecho del que debería tomar buena cuenta el Partido Socialista.

¿Suponen estos resultado demoscópicos que la Constitución es intocable? En lo que se refiere al modelo territorial, parece que sí, pero hay otros aspectos de nuestro ordenamiento institucional que la nueva realidad política de bloqueo parlamentario aconseja modificar, al menos, en la opinión mayoritaria de los encuestados. El 84,9 por ciento considera que debe gobernar la lista más votada y el 71,7 por ciento cree que es preciso reformar el artículo 99 de la Carta Magna para facilitar la investidura de un presidente de Gobierno. Las dudas surgen cuando se indaga por la formulación de esa presunta reforma. Por ejemplo, el modelo electoral griego, que otorga una prima de 50 escaños más al partido ganador, sería apoyado por un escaso 47 por ciento de los consultados, frente a un 35,8 por ciento que lo rechaza y un 17 por ciento que no sabe o no contesta.

En definitiva, la Constitución española, que hoy cumple 41 años, goza de buena salud y del acuerdo de la mayoría de los españoles, que, además, son muy conscientes de los peligros que la acechan, comenzando por la destrucción de la unidad territorial que impulsan los nacionalistas catalanes. No en vano, la mayoría de los consultados están de acuerdo en abordar una reforma del sistema electoral que, no hay que dudarlo, se considera necesaria para evitar que los partidos nacionalistas puedan seguir condicionando el futuro de la Nación.